Investigados 21 hosteleros por emitir partidos de fútbol de forma ilegal

La investigación arrancó a raiz de que el representante de una asociación deportiva de carácter privado denunciara en dependencias policiales que determinados establecimientos estaban emitiendo partidos de fútbol de manera ilegal. La mayoría ellos serían reincidentes, ya que habían sido detectados emitiendo igualmente en temporadas anteriores. Según informa la policía, antes de poner la denuncia, la asociación deportiva ya había realizado sus propias inspecciones constatando los hechos y tratando de llegar a algún tipo de acto de conciliación.

Se calcula que el perjuicio económico que ha supuesto este delito para la entidad denunciante asciende a 20.194 euros, que hubieran sido 63.156 euros si el delito se hubiese cometido hasta el final de la temporada.

Agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de esta Jefatura Superior de Cantabria, realizaron diversas comprobaciones de los hechos en días aleatorios, siempre cuando se estaban disputando partidos de fútbol profesional para poder constatar el hecho en los 21 establecimientos denunciados. Éstos emitían a través de equipos o aplicaciones informáticas alteradas para permitir el visionado y emisión no autorizada de canales de acceso condicional, lo cual es un reclamo para los clientes y supone un mayor volumen de ingresos. Además, como no pagaron los importes que los operadores con licencia cobran a los establecimientos públicos por poder emitir y explotar los partidos, obtenían también un enriquecimiento patrimonial. Por otra parte, la policía considera que esta conducta «afecta al tráfico mercantil y a buena parte del sector hostelero, por lo menos a todos aquellos establecimientos públicos que emiten de forma legal los partidos, que reciben una desleal, ilegítima y delictual competencia, que influye de forma directa en los beneficios que obtienen de la explotación de sus negocios».

Tras tomar declaración a los responsables de los 21 establecimientos les imputaron un delito contra la propiedad intelectual y contra los servicios de radiodifusión televisiva de carácter condicional, dando cuenta de todo lo actuado a la autoridad judicial. La asociación deportiva denunciante tiene la condición de comercializadora, emisora y productora de las grabaciones audiovisuales de las competiciones oficiales de fútbol profesional. Además, dispone de las medidas de seguridad para identificar las emisiones autorizadas de los partidos de sus competiciones en espacios públicos, desarrollar la actividad de la detección de establecimientos que emiten de forma no autorizada y realizar inspecciones esporádicas.

En la operación, llevada a cabo por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Santander, ha colaborado la Brigada Local de Policía Judicial de Torrelavega y la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria.