Investigan a treinta ganaderos por simular actividades de pastoreo para cobrar la PAC

A los investigados se les acusa de varios delitos de fraude de subvenciones, prevaricación administrativa, falsedad documental y estafa y se estima que el beneficio económico obtenido rondaría el millón de euros y la investigación patrimonial realizada en paralelo ha culminado con la creación de un inventario judicial compuesto por 96 inmuebles, que han sido congelados a los investigados por un valor superior a los cuatro millones de euros, con el objetivo de hacer frente a las responsabilidades patrimoniales derivadas de la comisión de los ilícitos.

Las investigaciones comenzaron en junio de 2022, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una trama que estaría falseando las condiciones necesarias para la obtención ilícita de una serie de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), presuntamente en connivencia con personal de la administración perteneciente a la Junta de Castilla y León, concretamente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Los derechos de estas ayudas son otorgados por la administración autonómica competente y deben llevar aparejados unas tierras y una actividad a ejercer sobre esa tierra.

Concretamente, las ayudas analizadas en esta operación eran otorgadas en virtud de la realización de pastoreo con animales de abasto (destinados al consumo humano) en unos pastos asignados a cada solicitante.

Los ganaderos investigados solicitaban la ayuda de la PAC simulando la realización de este pastoreo en diferentes territorios ubicados en la provincia de Palencia. Sin embargo, estos poseían explotaciones de ganado vacuno intensivas, cuya finalidad era el engorde de los animales en el menor tiempo posible, por lo que estos animales nunca llegaban a pastar en las tierras objeto de la ayuda.

Este fraude estaba encabezado por el Jefe de la Sección Agraria Comarcal (SAC), que era el encargado, en primera persona, de la validación y gestión de los diferentes expedientes fraudulentos y desoía las advertencias de los técnicos de su administración.

Coincide que la veterinaria encargada de la inspección del ganado era la pareja sentimental del referido Jefe de la SAC, quien no realizó ninguna inspección de campo, en el periodo durante el que se cometieron los ilícitos investigados, a pesar de la existencia de multitud de condicionantes de riesgo.

Además, el presidente de la Junta Vecinal, hermano del Jefe de la SAC, emitía certificados de uso de pastos fraudulentos (documento oficial obligatorio de cara a la solicitud de las ayudas).

Por otro lado, una serie de personas relacionadas a nivel personal con la figura del Jefe de la SAC y vinculadas a una asociación de defensa del ganadero, se encargaban de conseguir a los ganaderos solicitantes de las ayudas, en diferentes provincias, realizando de primera mano las gestiones necesarias para la obtención por parte de los ganaderos del beneficio ilícito.