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Cantabria es la séptima comunidad más competitiva a nivel fiscal de España. El dato, en sí, es bueno. Especialmente cuando se pone en valor que esta medición –elaborada por la Fundación para el Avance de la Libertad, la Unión de Contribuyentes y la Tax ... Foundation– analiza diecinueve territorios: dieciséis son autonomías y los tres restantes, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Las tres provincias disponen de Hacienda propia y, por lo tanto, incapacitan al País Vasco para ser evaluado en su conjunto.
De acuerdo con este índice, Cantabria se encuentra en la mitad superior de la tabla e incluso ha mejorado ligeramente su política impositiva, puesto que en el informe de 2018 aparecía en octavo lugar. La complicación surge, sin embargo, porque mejor colocadas que ella aparecen cuatro áreas de su entorno próximo: las tres vascas y La Rioja. Y en fiscalidad la distancia no es el olvido. Una diferencia tributaria sustancial favorece la marcha de empresas y trabajadores en busca de condiciones ventajosas mucho más allá de que los territorios vecinos puedan aprovecharse de un 'efecto rebote'.
El denominado Índice Autonómico de Competitividad Fiscal tiene precisamente la virtud de radiografiar el sistema impositivo en España, con sus correspondientes particularidades y matices internos; esos que a veces determinan dónde montar un negocio o simplemente el hogar, como sucede con muchos de los vizcaínos afincados en Castro Urdiales y Laredo pero que tributan en su provincia de origen.
Y esto no es una mera impresión. Lo apunta la economista Cristina Enache, directora general de la Unión de Contribuyentes y autora del informe de competitividad desde 2017. «Esta es la tercera edición y los políticos lo reciben cada vez con mayor interés porque les permite ver un panorama general y sacar conclusiones para aplicar a sus estrategias públicas. Sirve para que los gobernantes se den cuenta de que tienen que mejorar en competitividad», explica.
100%
de bonificación aplica el Gobierno regional al impuesto de sucesiones en herederos directos, mejorando su índice.
21%
es el tipo máximo que aconseja la Unión de Contribuyentes a Cantabria en el IRPF.
Y en ese contexto, ¿cómo se comporta Cantabria? «Tiene mucho margen de maniobra», aunque en el impuesto de sucesiones «lo está haciendo bien. Debe seguir así», aconseja Enache. En realidad, la reducción aplicada este año por el Gobierno de Miguel Ángel Revilla a los ascendientes y descendientes directos en casos de herencia, que es del cien por cien, constituye el elemento motor que ha permitido a la autonomía escalar un puesto en el ránking global.
Cabe recordar que el año pasado, el Ejecutivo hizo exactamente lo contrario, reducir la bonificación a los familiares directos del 99% al 90%, lo que le hizo despeñarse en la clasificación de esta tasa concreta. Ahora mismo, Cantabria es la única que aplica una exención total en los denominados grupos I y II de herederos; a continuación se encuentran Andalucía, Canarias o Madrid, con el 99% de bonificación.
Otros dos factores que le funcionan muy bien a la región y la hacen ganar puntos son la tasa especial sobre hidrocarburos –no existe en Cantabria ni en otras cinco autonomías, entre ellas el País Vasco ya que sus tres provincias no la aplican– y los impuestos propios. Impone tres: el canon del agua residual, otro por el depósito de residuos en vertederos y un recargo a las cuotas mínimas del Impuesto sobre Actividades Económicas. ¿Les parece una tropelía? Pues solo hay consuelo en que Andalucía aplica seis; Asturias, siete; y Cataluña nada menos que quince, entre ellos el canon por pernoctar en alojamientos turísticos, otro por la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera a causa de la aviación comercial y un tercero correspondiente a las bebidas azucaradas envasadas.
Si muchos elementos trabajan a favor de Cantabria, ¿por qué no aventaja a las provincias vascas, La Rioja, la Comunidad de Madrid y Canarias, todas ellas por delante en el índice de competitividad fiscal? Eminentemente, por el peso de tamaño XXL de dos tributos. El primero es el IRPF. La región desciende hasta el puesto decimoprimero en la clasificación del impuesto sobre la renta, aunque es necesario reconocerle una clara vocación social: exige un menor esfuerzo a las rentas bajas y lo incrementa en las medias-altas y altas. Según el informe de competitividad, y como ya sucediera en 2018, Navarra es la comunidad donde más tributan quienes ingresan sueldos superiores a 150.000 euros brutos anuales, seguida por Valencia, Cantabria, Extremadura y Asturias.
La Unión de Contribuyentes recomienda al gabinete de Revilla reformar el IRPF, reducir los tipos impositivos en todos los tramos y fijarlos en un máximo del 20% ó 21%. «El IRPF sigue pesando mucho en Cantabria –afirma Cristina Enache–. Por una parte, si abogamos por reducirlo es para aumentar el margen económico de las familias, impulsar el consumo y, por tanto, la actividad económica. Pero además los sueldos más altos son también los más 'movibles'. El mileurista no se va a cambiar de residencia, pero alguien con una renta elevada sí lo puede hacer si la región de al lado le ofrece una mejor fiscalidad». La cuestión, según la economista, consiste en averiguar si una bajada en el IRPF se compensa con un aumento de los ingresos por la fijación de nuevos contribuyentes.
Y lo mismo sucede con el impuesto sobre Patrimonio, donde Cantabria figura entre las menos ventajosas. «No solo hay impuestos a las empresas, sino a sus directivos y a todos los contribuyentes», argumenta Cristina Enache, quien advierte: «Si un ejecutivo o un ciudadano con un patrimonio considerable se traslada de comunidad porque en la suya le aplican una fiscalidad alta, no solo se pierde ese ingreso por patrimonio sino también renta. Le ha sucedido a Navarra, en la cola de la competitividad, cuyo sistema ha recaudado en patrimonio, pero ha perdido en renta porque mucha gente se ha ido».
En general, la asociación apuesta por la eliminación de este impuesto, vigente únicamente en Noruega y los cantones suizos y que en España se introdujo hace treinta años con carácter transitorio. «No tiene sentido –razona Benache– porque en el caso de las propiedades ya son gravadas por el IBI de los ayuntamientos y porque, en el fondo, se paga por un patrimonio por el que el contribuyente ya ha abonado el año anterior» No obstante, «mientras no se elimine», la economista es partidaria de que Cantabria «siga el camino» de Madrid o La Rioja, donde está bonificado al 100% y al 75%, respectivamente.
Precisamente, estas dos comunidades le anteceden en el índice nacional, al igual que el País Vasco en su conjunto. ¿Hasta qué punto resulta negativo que Cantabria esté peor que las regiones de su entorno? «Yo creo que tiene que ser un incentivo para bajar impuestos y competir con los regímenes fiscales vigentes a su alrededor».
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