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«Metiendo muchas horas, con arduas investigaciones que llevan meses y meses (...)». Así, y con mucha colaboración ciudadana, es como está atacando la Guardia Civil la proliferación de plantaciones de marihuana dentro de casas. No hay dron ni helicóptero que valga para descubrir estos cultivos desde que hace cinco años desaparecieran del campo -por el acoso policial y por cuestiones de rentabilidad- para meterse bajo techo y entre cuatro paredes. Estamos en otoño. Antes era la 'época caliente' en la que se intensificaban los operativos para incautar plantaciones en flor y detener a los responsables. Ahora ya da igual, porque en los cultivos 'indoor' se consiguen varias cosechas al año y no hay temporada baja. La batalla es cruenta: a mes de octubre el balance de incautaciones y detenciones ya supera el de todo el año pasado. Van 9.800 plantas destruidas en unas veinticinco casas y varias fincas, y 47 detenidos o investigados como responsables de tales cultivos. El recuento del año pasado se quedó en 9.200 plantas (ya había aumentado un 67% con respecto a 2017) y 40 detenidos o investigados.
Buena parte de las casas de marihuana descubiertas este año en Cantabria están ubicadas en términos municipales de la mitad oriental de la región. «Son viviendas de alquiler de tamaño amplio situadas, casi todas, en zonas aisladas. Hay también algún chalé con cierre perimetral y, en menor medida, naves en polígonos industriales», cuenta la Guardia Civil. Las intervenciones de 2019 dibujan un mapa de la marihuana cántabra escorado hacia la frontera con el País Vasco, que podría tener su capital en Adal-Treto, curiosamente el lugar en el que se han descubierto más casas transformadas en verdaderos invernaderos (como esta otra). Sonabia, Sámano, Limpias, Ajo y Arnuero figuran también como puntos calientes en esta zona. En menor medida, también han destruido plantaciones en viviendas ubicadas en puntos de la bahía de Santander como Igollo, Escobedo, Hornedo, Parbayón, Guarnizo y Boo de Piélagos. Y más hacia el interior, han descubierto otras en Ojébar, Corvera de Toranzo, Cieza, Riotuerto y San Pedro del Romeral.
Esa tendencia hacia las comarcas orientales que se está detectando obedece a que muchos de los hortelanos de la marihuana son vascos o al menos viven allí, según se desprende del balance de detenidos e investigados. Y la razón es sencilla: «porque aquí los alquileres son mucho más baratos». Esto explica que gente que vive en la comunidad vecina que quiere poner en marcha un cultivo ilegal elija pueblos de Cantabria, a poder ser en lugares discretos y aislados, con la ventaja de que también están a un tiro de piedra del País Vasco, para venir a 'trabajar' y marcharse después a dormir a su casa. En esta industria del cannabis hay muchos grupos mixtos, formados por habitantes de uno y otro lado de la frontera, que forman redes organizadas donde cada cual desempeña su papel: buscar la casa, modificar sus estancias con sistemas de refrigeración y ventilación, iluminación y fuente de energía, para que otros pasen después a plantar, recolectar y distribuir. Por eso la guerra a estas redes también se libra con colaboración entre cuerpos policiales de ambos territorios, que han logrado asestar golpes importantes, como la operación 'Txungo' desarrollada en marzo (20 detenidos, 7 de ellos en Cantabria, y cuatro plantaciones desmanteladas) .
Y no, no toda la marihuana cántabra se consume en Cantabria. «La mayor parte generalmente se vende en países de Europa», cuenta la Guardia Civil. La razón, la más sencilla: «porque se paga más cara».
En algunos casos, la marihuana sirve para financiar otro negocio ilícito. El ejemplo, el del mismo 'Txungo', ya que la red, que lideraba un vecino de Castro Urdiales, compraba speed y cocaína con las ganancias de la marihuana. Y otro hito de 2019 atribuido a este mismo grupo: en una de sus casas la Guardia Civil desmanteló el cultivo indoor de marihuana más grande de los encontrados hasta la fecha en Cantabria. Estaba en Arnuero y tenía 3.400 plantas. Por tanto, en lo que va de año ya se consiguió pulverizar el otro récord de 2018, que estaba en una casa de San Vicente de Toranzo (3.245 plantas).
Entre los casos llamativos, figuran propiedades escoltadas por perros (en Sonabia y en San Pedro del Romeral, en esta última había hasta once perros vigilando) y otra en la que los animales domésticos se utilizaban para disimular el verdadero negocio de la granja en cuestión (como en una casa de Cieza, donde en las cuadras crecía la marihuana entre gallinas y ovejas).
Otro método imaginativo para ocultar la plantación fue el encontrado en un invernadero de tomates en Corvera de Toranzo. En un caso, supuestamente capitaneado por un club cannábico de Santander, la casa en la que plantaban marihuana en un punto remoto de Riotuerto contaba con sofisticados sistemas de seguridad, con sensores de movimientos y alarmas. En la lista también hay viviendas reformadas por dentro hasta con tabiques para separar por fases el proceso de fabricación (como la de Ojébar, en Rasines). Y otros focos descubiertos iban más allá, al crear auténticos laboratorios de cannabis dentro de viviendas (una en Parbayón y otra en un chalé a las afueras de Santander -esta fue descubierta por la Policía Nacional-, en ambos casos con habitaciones etancas con modernos sistemas de ventilación, buscando una producción continua y rápida de las plantas.
La práctica totalidad de las plantaciones de marihuana desmanteladas este año estaban enganchadas ilegalmente a la red eléctrica, así que los responsables deberán responder ante la justicia por un fraude de fluido eléctrico, además del delito contra la salud pública. En varios de los casos, en los que detrás de las plantaciones estaban grupos, también se les puede imputar organización criminal.
Este aumento de operativos contra el cannabis de Cantabria se enmarca en un hostil contexto en el que los procedimientos judiciales por tráfico de drogas se han disparado un 475,8% en la región (el aumento medio del país ha sido del 5,5%). Ni una sola comunidad autónoma ha experimentado un incremento porcentual tan elevado como el de Cantabria. Este dato se extrae de la Memoria anual de 2018 de la Fiscalía General del Estado, donde se explica que precisamente obedece a «la proliferación de plantaciones de cannabis, especialmente 'indoor', con instalaciones muy sofisticadas; el incremento y extensión de las asociaciones o clubes cannábicos; y la problemática del tráfico de drogas de todo tipo a través del puerto de Santander «.
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