Jesús Arteaga será el nuevo fiscal superior de Cantabria

«La valoración que hago sobre mi nombramiento es muy positiva. Desde el punto de vista personal es un empujón a mi carrera y un reconocimiento a mis más de treinta años de servicio en la Fiscalía, en diversas áreas. Muchos compañeros también merecen un reconocimiento por su larga trayectoria, pero en este caso he sido yo quien ha pedido la plaza», afirma Arteaga, para quien «lo más importante es el grupo y el servicio público que presta la Fiscalía de Cantabria». «Voy a poner todo mi empeño, mi dedicación y el mayor acierto en ese desempeñó de servicio público en la defensa de la legalidad, y la persecución de los delincuentes, porque el delito es algo que no se puede tolerar en una sociedad civilizada, sobre todo los delitos relacionados con la maldad, el machismo, los grupos organizados, delitos económicos, pero también los delitos de sangre, contra la libertad sexual y personal, que son muy terroríficos», ha señalado en declaraciones El Diario Montañés, tras conocer su nombramiento.

Jesús Arteaga (Madrid, 1964), que competía por el cargo con Carlos Yáñez (fiscal decano de Torrelavega), es licenciado en Derecho por la Complutense de Madrid y tiene una antigüedad de 32 años en la carrera, siendo fiscal de segunda desde 2001. De marzo a julio de 1993 estuvo en la Fiscalía del TSJ de Andalucía, en Granada, y después, entre 1993 y 2001, desempeñó sus trabajo en el TSJ de Cataluña, en Barcelona, desde donde recaló en Cantabria, donde ha estado adscrito a los Juzgados de Instrucción números 2, 3 y 4 (mixto de instrucción-violencia sobre la mujer). Además, ha sido fiscal delegado de Delitos por Internet, de Violencia de Género y Doméstica, Antidroga y Seguridad Vial.

Arteaga, que desde octubre de 2023 es presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), considera que es el momento para un «cambio radical en esta Fiscalía», para que «por primera vez en muchos años ponga rumbo hacia una senda más moderna, avanzada, igualitaria y adecuada a su tiempo actual y futuro, prestando un servicio público adecuado y solidario». Su propuesta pretende «mejorar y actualizar» el funcionamiento de los modos de trabajo y eficiencia de los fiscales y los funcionarios que componen dicha plantilla e implementar nuevos servicios dentro de la organización. «Busco implementar nuevos servicios que considero ya imprescindibles dentro de nuestra organización, potenciar aquellos que lo necesiten y mantener los que funcionan adecuadamente».

Además, su intención es «ahondar» tanto en la perspectiva de género y la lucha contra la lacra machista, como la protección de los más vulnerables. También pretende preparar la estructura para el cambio radical que supondrá la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, como se espera en esta legislatura. «Y, por supuesto, quiero dar prioridad, no solo para este futuro ya no lejano, sino para la realidad actual, al trabajo en grupo, con la configuración de una distribución de trabajo, que posibilite la promoción de los fiscales, tanto en el ámbito general, como en las especialidades, abriendo todas las especialidades a todos los fiscales de la plantilla, sin distinción de antigüedad, género u otras excusas que han limitado la promoción en algunas ocasiones».

El nuevo fiscal superior de Cantabria aboga, además, por tratar de anticiparse a las necesidades futuras, especialmente a la delincuencia organizada y sus formas, «creando un nuevo servicio de delitos económicos, inscrito dentro del grupo de especialidades que se ocupan de la delincuencia organizada». Dicha necesidad, según sostiene, es actualmente «una realidad» en nuestra comunidad autónoma y puede incrementarse en un futuro próximo, especialmente en el ámbito urbanístico, pues existen una serie de proyectos de promociones, todavía en fase de proyecto para la zona oriental de la región, que la prensa ha bautizado como la creación o nacimiento de 'La Ibiza del norte'. «En suma, tenemos que buscar la especialización como casi única arma de lucha contra ciertas formas de crimen inteligente, organizado, potente y que a la hora de llegar a juicio, se vale de los profesionales más preparados, lo que plantea a cualquier compañero una gran dificultad personal y profesional para dar la respuesta procesal adecuada y suficiente».