José Guerrero dimite del Consejo de Supervisión del Instituto Cántabro de Finanzas

Guerrero justificó su decisión durante la última reunión del Consejo de Supervisión como el fin de una etapa. «Mi decisión de dimitir está motivada porque creo agotado mi ciclo de participación en este órgano de control del cual he sido miembro en los últimos años», explicó ante sus compañeros y el director del organismo, Jesús Bulnes, uno de los que habría cobrado sobresueldos durante su etapa como responsable Económico-Financiero del ICAF.

El hombre que durante los últimos 24 años ha sido un fijo de la cúpula socialista, ha jugado un papel clave en cada movimiento del partido y ha fiscalizado cada pacto, cada movimiento en el Parlamento y cada táctica electoral, se ha despedido con un agradecimiento al «equipo humano por las facilidades y su disposición que me ha posibilitado poder desarrollar, a lo largo de todo este tiempo, las funciones que tengo atribuidas dentro del ámbito de este órgano de control», según se recoge en la carta en la que ha presentado oficialmente su dimisión.

Guerrero, que actualmente es jefe de gabinete de la presidenta del Parlamento, hace tiempo que no se encontraba del todo cómodo en ese puesto por el sistema de funcionamiento y los mecanismos de trabajo, según ha podido saber este periódico. La muestra más evidente es que durante la última reunión del Consejo de Supervisión, a sabiendas de que se iba a ir, fue el que puso sobre la mesa el informe de Intervención y obligó a Bulnes a dar las explicaciones oportunas.

Aunque no se recogía en el orden del día, el socialista, que representaba a su partido en este ente, puso entre la espada y la pared al responsable del organismo, que también ha sido nombrado por el PSOE. La respuesta que recibió, según varios de los presentes, es calcada a las alegaciones que en su día presentó al informe de Intervención: que el sueldo se lo había subido su exjefe, Manuel Díaz Mendoza, al que relevó en el cargo cuando se fue de asesor al Ministerio de Fomento y que se hizo porque asumió más funciones de las que por entonces le correspondía.

El órgano fiscalizador precisamente pone el foco sobre la percepción de algo más de 9.800 euros por parte de cargos del ICAF y pide el reintegro de estas cantidades que se han pagado «sin ajustarse a lo previsto legalmente». Todos eran considerados «personal directivo sin contrato de dirección» y no podían tener un importe bruto de 54.000 y 54.540 euros, respectivamente.

El documento se refiere a que el por entonces responsable económico financiero y la secretaria de dirección tuvieron en 2016 incrementos salariales por encima del 1 % marcado en la ley de Presupuestos para ese año, en concreto, con subidas de un 5,5 % y un 5,6 %, en cada caso.

El consejero de Economía, Juan José Sota, declaró el jueves que si la decisión final es el reintegro de las cantidades percibidas por encima del límite legal, tal y como se recomienda en la auditoría, esa medida se llevará a cabo.