José Luis Thomas: «Si no cambia el Gobierno, se va a producir el mayor expolio de España en 200 años»

–Durante años parecía que el conflicto por la Ley de Costas estaba resuelto en la región tras la reforma que hizo el PP en 2013 y que permitía conceder prórrogas generalizadas por 75 años más. ¿Qué ha ocurrido?

–Que se ha dado la vuelta a esa reforma del PP, que se hizo para evitar que caducarán estas concesiones en 2018 como estaba previsto, algo que habría hecho un daño irreparable al tejido productivo y a las personas que vivimos en el dominio público marítimo-terrestre. Aquel Gobierno se dio cuenta de que si no se reformaba la ley iba a haber un problema tremendo en toda España porque todas las concesiones iban a caducar en junio de 2018. Nosotros como asociación, desde Cantabria, fuimos de los que más presionamos al PP para que hiciera esa reforma; y cumplió.

–¿Fue en ese momento cuando los afectados empezaron ya a dormir tranquilos con la garantía de que no iban a perder sus negocios y viviendas?

–Claro. En 2013 se publicó la reforma de la Ley de Costas y a partir de ese momento se podían ya pedir las prórrogas. Sí que es verdad que los afectados no tuvieron prisa porque ya existía una ley que nos amparaba y había de margen hasta 2018 para solicitarlas. Yo la hice en 2017, otra gente un poco antes y otros, la mayor parte, esperaron hasta los últimos meses.

–¿Por qué a partir de ese momento dejaron de darse nuevas prórrogas en Cantabria y con qué argumentos?

–Se concedieron hasta ese momento, casi siempre de forma rápida y ágil como ocurre con algunas concesiones muy conocidas como el campo de golf de Abra del Pas, el de Oyambre, el restaurante El Cormorán, algunas explotaciones ganaderas… Aunque había algunas solicitudes sin resolverse, estábamos tranquilos porque sabíamos que la ley nos amparaba y lo achacábamos a la lentitud normal de la Administración. El punto de inflexión es el cambio de Gobierno. Tras la moción de censura contra Mariano Rajoy y la llegada de Pedro Sánchez se para este mecanismo y ya no se concede ninguna prórroga más. Y ahí tampoco nos pusimos nerviosos porque, aunque cambiaba el Gobierno, la ley era la misma. Pero vimos que pasaba el tiempo y seguían sin llegar las prórrogas. A finales de 2018, cuando nos interesamos, en la Demarcación de Costas de Cantabria nos contaron que la nueva orden era mandar todos los expedientes a Madrid y que ya los tramitarían allí. Pasaron 2018, 2019, 2020 y 2021 y ahora estamos en 2022 y desde entonces no se ha resuelto ningún expediente de prórroga. Según nuestro punto de vista, esto claramente es una prevaricación administrativa. Tal y como estaba la ley, el Ministerio tenía que haber seguido resolviendo como hasta ese momento. Ahora sabemos que no han resuelto porque estaban esperando a montar una armadura jurídica que les fuera más favorable.

–¿Esa armadura jurídica es el nuevo reglamento de la Ley de Costas aprobado este verano?

–Estaban esperando a este nuevo reglamento y ahora, con la ley más favorable para lo que quieren, empezarán a resolver. Pero resolverán denegando las prórrogas.

–¿Por qué este nuevo reglamento es contrario a los intereses de los afectados y dificulta las prórrogas de las concesiones?

–Porque establece que las prórrogas únicamente se pueden dar cuando la actividad que se está realizando solo se pueda hacer en zona de marisma –por ejemplo, una ganadería como la mía tendría que trasladarse porque la actividad puede realizarse en interior–. Además, en 2021, a través de la Ley de Cambio Climático se metió un artículo expresamente para que las concesiones no pudieran durar más de 75 años desde el momento que se otorgaron, no sumar 75 años más de prórroga desde el momento de su caducidad, que era a lo que obligaba el reglamento del PP. Con lo cual, casi el 100% de las concesiones de Cantabria quedarían fuera porque son muy antiguas, de principios del siglo XX. En mi caso, de 1908. Esto implica que todos los afectados de Cantabria tenemos de golpe las concesiones caducadas desde hace 50 años.

–Y los afectados que consiguieron la prórroga entre 2013 y 2018, ¿también la perderían?

–La perderían, porque esa concesión aprobada se convierte en revisable aunque ya esté resuelto el expediente.

–¿Qué implica estar en esta situación de alegalidad? ¿Puede llegar en cualquier momento una notificación que les obligue a abandonar los terrenos?

–Por supuesto que puede pasar. De hecho ya han llegado dos cartas de ese tipo. Eso le puede pasar a todo aquel que no haya recurrido –yo lo he hecho– a los tribunales. Estamos pendientes de fallo y por eso estamos amparados. No nos pueden tocar hasta que llegue el fallo, pero el resto, que esperan la prórroga desde 2018, están todos perdidos salvo que la Administración tarde en aplicar esos desahucios o haya un cambio de Gobierno que vuelva a hacer un tercer reglamento.

–Que el Ministerio tenga ahora esa herramienta para reclamar los terrenos no quiere decir que la haya a usar de forma generalizada...

–Yo creo que el Gobierno tiene toda la intención de ejecutarlo. Nosotros estamos ya en una plataforma nacional y vemos que en el Mediterráneo ya está pasando en el caso de muchos negocios de hostelería y chiringuitos en dominio público. El Ejecutivo viene al asalto y la intención es no prorrogar nada. Si no hay un cambio de Gobierno, nos enfrentamos al mayor expolio que se va a producir en España después de la desamortización de Mendizábal hace 200 años. En todos los territorios estamos todos los afectados asustados. Es paradigmático el caso de la papelera de Pontevedra, que genera muchos empleos. Allí hay un clamor porque continúe y están todos los sindicatos a favor de la prórroga de la concesión, pero peligra por la posición de un grupo ecologista, que es a lo que escucha este Gobierno.

–Según José Luis Gochicoa, consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, son solo 80 las concesiones que han llegado a su fecha límite en Cantabria a día de hoy. Además, confía en que el Ministerio no reclame los terrenos hasta que no haya un plan para la recuperación ambiental de las marismas.

–Aquí el daño no es tan impresionante como en Levante o Galicia, pero tenemos mucho sector primario y ganadero afectado, hostelería, campings… Que ellos dicen que los afectados son solo 80… Solo en esta marisma de Carasa hay 60 propietarios –con 12 o 13 ganaderías– en un espacio de 80 hectáreas. En Noja hay dos campings afectados. Y lugares muy conocidos como los campos de golf de Abra del Pas y Oyambre, el edificio de El Cormorán, el chiringuito de El Puntal y habrá que ver cómo queda Equipos Nucleares y las empresas cercanas.

–La propia Demarcación de Costas no da datos. Ni del número de afectados, de las concesiones que se concedieron, de las solicitudes pendientes…

–Nunca han querido dar datos. Nos hemos reunido con ellos y les hemos dicho que no vamos a aceptar esta situación. Dicen que ellos no pueden hacer nada y que están pendientes de que se resuelva definitivamente en los tribunales para que se cree doctrina y empezar a actuar. Si tenemos la suerte de un fallo favorable en el Supremo, probablemente el Ministerio se la tenga que envainar en los casos recurridos, pero en los otros van a ir a saco.