La jubilación anticipada activa las alarmas en las policías locales de Cantabria

«Desde que se produzcan esas vacantes hasta que queden repuestas va a transcurrir, mínimo, un año», resume el secretario de organización de la Asociación de Policía Local y Bomberos de Cantabria (APLB), Luis Fernando Dou, que advierte de la precaria situación a la que van a verse abocadas algunas plantillas en todo ese tiempo y del descenso que se va a producir en la eficacia y calidad del servicio. «Nos vamos a quedar en el chasis», se lamenta. Pocos jefes le discuten.

Según los datos de la asociación, la aprobación de este real decreto traerá consigo la jubilación anticipada de 54 agentes en Cantabria. 29 en Santander, siete en Torrelavega, cinco en Camargo y Laredo, tres en Castro, dos en Santoña y Santillana del Mar y uno en Valdeolea. «Y, por mucho que quieran correr, sus ayuntamientos no van a poder sustituirlos hasta dentro de un año», que es el tiempo que el portavoz estima que va a transcurrir hasta que los relevos se incorporen al servicio una vez superen los sucesivos procesos abiertos para su contratación y posterior formación.

Esto quiere decir que los 36 departamentos de policía local que existen actualmente en Cantabria, y en los que trabajan 582 efectivos -de acuerdo con el último censo realizado por el Gobierno de Cantabria- van a sufrir en su conjunto una notable pérdida de material humano irrecuperable hasta el próximo año. «Ni más ni menos que de un 10%», subraya Dou, que atribuye este déficit a una falta de previsión de los ayuntamientos.

«Sabían que la medida se iba a aplicar. Pero, así como en otras comunidades autónomas han sido conscientes de este problema y han tomado todas las decisiones necesarias para contrarrestar sus efectos, aquí, en Cantabria, no ha sido así», asegura el portavoz del colectivo, crítico con una actitud relajada que «va a dejar bastante tocadas las estructuras de varias policías locales». Algunas, dice con preocupación, «van a tener que hacer malabares para poder prestar un servicio adecuado».

No parece que sea el caso de Santander, que lleva ya tiempo trabajando tanto en la incorporación de nuevos policías como en la reorganización del servicio.

Dos hornadas consecutivas, una en abril, la otra en diciembre -ambas integradas por 19 agentes que suman por tanto un total de 38- van a amortiguar en buena medida la marcha de los efectivos que piensan acogerse al decreto.

La APLB estima que van a ser 29, pero UGT, que está tramitando los expedientes en la Seguridad Social, calcula que serán algunos menos. «22, porque se han presentado 25 pero se han denegado tres», precisa el sindicato.

Así, la plantilla, que actualmente integran 223 efectivos (en el cuadro anexo aparecen 209 porque las últimas 14 incorporaciones fueron posteriores al mes de agosto), quedará reducida a 201.

Esto, dice el jefe de la Policía Local de Santander, Gustavo Zabala, «no repercutirá en el servicio de calle» porque la mayoría de los afectados están en segunda actividad, «pero sí afectará a las áreas administrativas de nuestro departamento», que es donde están destinados la mayoría de ellos.

Previsor, Zabala lleva ya un tiempo pensando cómo va a reorganizar esas secciones, que, por lo pronto, reforzará personal administrativo. «De esta manera no será necesario sacar a ningún policía de las calles», explica el jefe mirando de reojo la convocatoria de empleo en la que ya está trabajando el Consistorio y de la que surgirán, de aquí a un año, los relevos que precise.

En un escenario muy diferente, la Comisaría de Policía Local de Torrelavega se verá obligada a retocar una infraestructura venida a menos en los últimos años.

«En 2007 se emprendió un proyecto para reunir una plantilla de 100 agentes con la idea de cumplir el ratio de policías por habitante», cuenta el jefe, Miguel Ángel Calleja. «Pero la crisis se lo llevó por delante», añade resignado el mando, que recuerda que en el año 2008 «llegamos a tener una plantilla de 85 efectivos».

Hoy apenas son 67 funcionarios, incluyendo a dos agentes en prácticas, y en breve serán menos aún, 62, porque al real decreto del Gobierno podrán acogerse cinco trabajadores. «Dos subinspectores, un oficial y dos policías», que recuerde de memoria Calleja.

Lo mismo que su colega Zabala, «llevamos ya algún tiempo revisando nuestra metodología de trabajo para adecuarla a estas cinco bajas», que, por el contrario, sí se van a dejar sentir en la ciudad.

«Tendremos que detraer personal de calle para no descuidar las tareas administrativas», admite Calleja, que recuerda que, en su caso, la seguridad ciudadana de Torrelavega no depende de la Policía Local sino de la Policía Nacional.

«Hombre, lo idóneo sería que tuviéramos más agentes en las calles», reconoce el jefe, que en una frase resume perfectamente el efecto que la jubilación anticipada de cinco de sus efectivos va a provocar: «Garantizaremos nuestro servicio, aunque no sea al 100%».

Al frente de plantillas más pequeñas, ninguna sobrada de agentes, los jefes de las policías locales de Camargo, Laredo y Castro Urdiales elevan el problema suscitado por las jubilaciones anticipadas al grado de «problemón».

Dice el primero, Jesús Salmón, que en su comisaría se van a producir hasta cinco bajas, cuatro de ellas de agentes en segunda actividad, que eso va a reducir la actual plantilla (36) en un 15% y que, obviamente, «el trabajo que venían realizado los que se van tendrán que hacerlo los que se quedan».

Ello en tanto no lleguen los refuerzos, que el Ayuntamiento piensa reclutar de la oferta de empleo que aprobará en el próximo pleno y que la Comisaría no incorporará antes de un año.

«Tendremos que arrimar el hombro hasta que se cubran esas bajas», se resigna Salmón, que las espera «para marzo de 2020».

En idénticos términos que su colega, el jefe de la Policía Local de Laredo, Juan Carlos Veci, dice que la jubilación anticipada va a provocar un enorme agujero en su plantilla. «En nuestra comisaría somos 29 y se van a jubilar cinco», recuenta. «En materia de seguridad ciudadana nos vamos a quedar en cuadro», reconoce el jefe, que no se ha quedado quieto. «He hablado con el alcalde para que inicie con urgencia los trámites para llevar a cabo la oferta pública de empleo, pero, claro, eso lleva su tiempo. Por otro lado, «he explicado nuestra situación al capitán de la Guardia Civil de Laredo, que nos ha brindado toda su colaboración». Y, además, «he transmitido esto a la plantilla, que intentará garantizar las necesidades mínimas hasta que se produzcan nuevas incorporaciones».

Y, en la misma línea que los anteriores, el jefe de la Policía Local de Castro Urdiales, Domingo García, avisa de las «dificultades» que entrañará la prestación de un servicio que si antes realizaba a duras penas con 44 efectivos ahora tendrá que afrontar con sólo 40. «El Ayuntamiento está en ello, pero los refuerzos no llegarán hasta el año 2020». En 2019, afirma con resignación, «tendremos que trabajar asumiendo los que nos quedamos el trabajo que efectuaban los que se marchan intentando que ello afecte lo menos posible a los ciudadanos».