La Judicatura cántabra reclama la despolitización del Poder Judicial

Los 20 miembros del CGPJ son elegidos por una mayoría cualificada de tres quintos de las Cámaras: el Congreso y el Senado propone a 12 vocales (jueces y magistrados) y designa a los 8 vocales restantes entre juristas de reconocida competencia. Hace dos años venció el mandato del actual CGPJ y, ante el bloqueo del PP, el Gobierno nacional planteó una reforma que buscaba que el Congreso y el Senado pudieran elegir a los seis vocales que corresponden a cada cámara con mayoría absoluta en segunda votación, 48 horas después de una primera en la que se mantendría la mayoría de tres quintos. El Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos pretendía así rebajar el porcentaje de diputados y senadores necesarios para nombrar en el Congreso y el Senado a los doce miembros del órgano judicial.

Pero esta propuesta se ha topado con la oposición de asociaciones judiciales, fiscales, el Consejo de Europa u otros organismos internacionales, con lo que el Gobierno ha metido su reforma en un cajón para llegar a un acuerdo con el PP y renovar cuantos antes el CGPJ.

En Cantabria, las asociaciones judiciales, y los representantes de abogados y de procuradores coinciden a la hora de rechazar la reforma que planteaba el Gobierno central y abogan por «despolitizar» el Poder Judicial.

Algunos colectivos, como la Asociación Francisco de Victoria, que representa a la mayoría de los magistrados que hay en Cantabria (81 en total), cuestionan directamente la ley del año 1985 que regula la elección del CGPJ, al entender que «vulnera la Constitución». Y otros, como Juezas y Jueces por la Democracia, piden que todas las minorías estén representadas. Eso sí, todos coinciden en que sean los jueces quienes elijan a sus representantes.

Raquel García, titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Torrelavega y la representante de la Asociación Francisco de Vitoria, el colectivo con más magistrados asociados en Cantabria, es contraria a la reforma que planteaba el Gobierno, «de hecho estamos en contra de la ley tal y como está redactada desde 1985, el sistema de elección por parte del Parlamento de la totalidad de los vocales. Y por lo que abogamos es por la total modificación de ese sistema que está vulnerando la Constitución. El hecho de que quieran quitar la mayoría de 3/5 es meter la mano de una manera más flagrante». García asegura que su asociación ha presentado, a nivel nacional, dos recursos de amparo ante el Constitucional. «Uno por inactividad de las Cortes generales, porque hace dos años que el CGPJ quedó en funciones. Y con el otro buscamos un nuevo pronunciamiento constitucional a cerca del sistema de elecciones ya que no es conforme la ley orgánica del Poder Judicial con la Constitución». La magistrada espera que alguien haga caso a los informes del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), órgano dependiente del Consejo de Europa, «que dice que esto es una vergüenza».

Esther Castanedo, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), y portavoz de Juezas y Jueces por la Democracia, asegura que la histórica reivindicación del colectivo al que representa es que sean los propios jueces los que elijan a sus representantes. Pero debe ser con una serie de garantías que supongan «que las minorías siempre estén representadas, porque hasta día de hoy nuestra carrera siempre ha sido mayoritariamente conservadora». Castanedo, que también forma parte de la Sala de Gobierno del TSJC, deja claro que «nosotros no solo juzgamos a gente conservadora o de determinadas circunstancias, sino a toda la población». «Entonces para que todos puedan encontrar sensibilidades diferentes y todas representadas, aunque luego apliquemos el Derecho, es necesario que los órganos de Gobierno del CGPJ representen a todas la minorías».

Así, Juezas y Jueces por la Democracia defiende que para ser vocal del CGPJ debe valorarse el perfil profesional (antigüedad, trayectoria...), y luego que se actúe en virtud de un programa en el que sea exigible una serie de resultados, como a los políticos.

Mar Hernández, magistrada de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cantabria y actual presidenta de la Asociación Profesional de Magistrados (APM) de Cantabria, ve esta situación «con mucha preocupación». «La reforma propuesta por el Gobierno central no sirve para proteger a los jueces, ni siquiera a los ciudadanos. Pensamos que si la proposición tiene éxito, al final hay un grave riesgo de inconstitucionalidad, porque la reforma proyectada vulnera principios básicos y fundamentales de la democracia como es la separación de poderes». Además, cree que si sale adelante esta medida, «supondría alejarnos más de Europa y de lo que considera qué es lo más adecuado en orden a la elección de los vocales del CGPJ. Nos acercamos más a países como Polonia o Hungría».

Hernández no conoce al detalle la alternativa del PP, pero sí deja claro que su colectivo defiende que la elección de los vocales de procedencia judicial sea una elección directa por parte de los jueces. «Ese es nuestro anhelo y lo hemos reclamado en numerosas ocasiones. De hecho en casi todos los congresos de la asociación hemos hecho alguna manifestación al respecto».

Patricia Bartolomé, titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Torrelavega, representa al colectivo Foro Judicial Independiente en Cantabria, que aboga por que los 12 vocales judiciales del CGPJ (hay 20 vocales en total) sean elegidos por los propios jueces. «Así lo exige la defensa de la independencia del Poder Judicial, conforme exigen los estándares del Consejo de Europa». Bartolomé, que también es decana en los Juzgados de Torrelavega, asegura que el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), lleva siete años recordando a España que tiene que ser así. Para ello hace referencia a la carta reciente dirigida al Ministerio de Justicia, por parte de este organismo dependiente del Consejo de Europa, en la que recuerda tal exigencia. «La reforma supone ir en la dirección equivocada».

Según comenta la portavoz de Foro Judicial, «nuestra postura es la de los organismos europeos. Tanto la regulación actual como la propuesta PSOE-Podemos se apartan del modelo que apoyamos, y la única formación política que en el pasado la admitió fue Ciudadanos, de hecho se incluyó en su pacto con el PP, pero al final no se aprobó la reforma que indicaba el Greco».

La titular del Juzgado de lo Penal Número 4 de Santander, Amaya Merchán, ha sido presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura en Cantabria, pero, en esta ocasión, da su opinión como magistrada. «La reforma que plantea el Gobierno de España abre la puerta definitiva a la politización del Consejo General del Poder Judicial. Y le inhabilita para el ejercicio de su función constitucional, que es garantizar la independencia de los jueces».

Merchán –que recientemente ha condenado al alcalde de Santa María de Cayón, Gastón Gómez (PP), a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa– considera que preservar la independencia del Poder Judicial «es vital para cualquier democracia, porque sin ella no hay separación de poderes». Y precisamente, dice, la finalidad del CGPJ es preservar esa independencia judicial, «luego esa finalidad queda frustrada en su origen si la totalidad de sus miembros son elegidos por el poder del Estado». «La reforma que necesitamos es la que nos viene pidiendo Europa para fortalecer la autonomía y la independencia del CGPJ y es que los 12 vocales, de procedencia judicial, sean elegidos por los jueces».

El decano del Colegio de Abogados de Cantabria, Andrés de Diego, cree que el «espectáculo» que están dando los políticos «no es admisible», porque tanto el PP por la situación de bloqueo como los partidos del Gobierno con la propuesta de ley para modificar las mayorías para la renovación del CGPJ, están manteniendo una postura que «menoscaba la independencia del Poder Judicial». De Diego considera que, aunque la lógica impondría que el Poder Judicial fuese elegido por los jueces, postura por la que se decanta, «algunas voces manifiestan que no sería designación democrática porque no emanaría del pueblo».

La reforma propuesta por el Gobierno rompe por completo el espíritu del 78. Es bochornoso lo que se está haciendo». La decana de los Procuradores de Cantabria, Rosaura Díez, se muestra «indignada», porque el proceso puesto en marcha por el Gobierno central «ha sido a hurtadillas, con nocturnidad, aprovechando una pandemia...». «Se dan todos los requisitos para arremeter contra la independencia judicial y vulnerar el espíritu de la Constitución. Si España no había tenido una separación de poderes muy clara, esto es el remate. Yo opto por un sistema en el que sean los propios jueces los que elijan sus órganos directivos».

El presidente de los Jueces de Paz de Cantabria, José Antonio Sánchez, también es partidario de que sean los propios jueces quienes decidan qué personas tienen que formar parte de sus órganos de gobierno. «Creo que no es lo más ético que sean los representantes de los partidos políticos quienes elijan a los integrantes del Poder Judicial. No es muy ético que te defienda gente que ha puesto un partido político». Sánchez considera que debería salir de las propias asociaciones de jueces una terna de 40 o 50 personas, «y a partir de ahí que se pueda decidir o votar». «De esa forma se acabaría con las suspicacias», añade.

La abogada Carmen Sánchez cree que para acabar con el «reproche de politización» sería preciso adoptar la fórmula de elección directa por los jueces de los miembros del Consejo pertenecientes a la judicatura, o, al menos, suprimir la intervención mediadora ante el Parlamento conferida a las asociaciones judiciales, «abiertamente de ideología política». Si se opta por la elección directa, Sánchez dice que hay que superar otro escollo, el del «corporativismo», lo que se conseguiría o se mitigaría si se redujera de 12 a 10 el número de representantes de la judicatura, y fueran también 10 los juristas de reconocida competencia.

El titular del Juzgado de lo Contencioso Número 2 de Santander, Luis Acayro Sánchez, cree que «son tiempos de buscar consensos y de actuar con prudencia y moderación».

El magistrado, conocido en Cantabria por las decenas de causas abiertas durante su etapa en los Juzgados de Castro, y candidato a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, considera que la forma de llegar a esos consensos es a través del «diálogo». De su lado, el otro candidato al cargo y actual presidente del TSJC, José Luis López del Moral, se acoge a lo que el CGPJ diga tras el Pleno extraordinario que se celebrará el próximo jueves.