Esther Castanedo

Presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC

«A los jueces de lo Contencioso nos faltan herramientas para la ejecución de sentencias»

–¿Cómo afronta su nuevo cargo?

–Para mí es un reto que supone mucha ilusión y mucho orgullo, pero también mucha responsabilidad. Tengo un programa que presenté ante el Consejo General del Poder Judicial y pretendo culminarlo en cinco años para optar a la renovación del cargo por otros cinco años más.

–¿Qué destacaría de ese programa?

–Desde el punto de vista externo, lo que más me preocupa es proyectar una imagen de unidad, que la Sala sea un órgano colegiado de verdad. Y desde el punto de vista interno quiero mejorar la organización para que haya una justicia más rápida.

–Cuando se conoció su nombramiento dijo que su objetivo era que los cuatro jueces actúen en verdadera colegiación poniendo el mismo numero de sentencias y con tiempos y procedimientos iguales. ¿Quiere decir con esto que hasta ahora no ha sido así?

–No, el problema que ha tenido esta sala es que han ido cambiando los componentes. Cuando yo empecé éramos seis, después fuimos cinco y ahora somos cuatro. Entonces es muy difícil ir ajustando el trabajo en grupo. Pero yo creo que los cuatro que estamos ahora podemos funcionar a la perfección.

–¿Tienen mucha pendencia en esta sala?

–No, está jurisdicción está muy bien. Tanto los juzgados unipersonales como la Sala no tenemos una excesiva carga de trabajo.

–Osea que no hacen falta más juzgados ni jueces.

–De momento no, a no ser que cambien las circunstancias, que puede pasar porque se están aprobado nuevas leyes como la Ley Orgánica 1/2025 que da mucha más amplitud a la legitimación de los sindicatos.

–A diferencia de otras jurisdicciones, la Contencioso-Administrativa es más técnica y más difícil de comprender para el ciudadano. ¿No cree que ayudaría un lenguaje jurídico más pedagógico o claro para que se entiendan mejor las resoluciones?

–Sí, es muy necesario que las sentencias se entiendan sin perder el rigor técnico. Uno de los compromisos de mi programa es un lenguaje accesible, sobre todo si hay colectivos vulnerables afectados, como pueden ser discapacitados, por ejemplo.

–A la Sala de lo Contencioso llegan muchos asuntos urbanísticos, aunque los que más han marcado a nuestra comunidad son los relacionados con los afectados por los derribos.

–En Cantabria siempre hemos sido muy pioneros en la utilización de sistemas como la mediación, siempre que sea posible, porque la Constitución en el artículo 117 nos obliga a dictar sentencias y a ejecutarlas. Es un tema especialmente difícil en toda España. Todavía colea el tema del hotel Algarrobico (Almería), que se supone que se va a demoler dentro de poco, pero no sé si se demolerá. De hecho, el legislador tendría que tomar medias en este asunto (el caso se remonta a hace más de dos décadas).

–¿No son partidarios de evitar derribos si se pueden legalizar las viviendas?

–En estos casos hay muchos derechos en juego: económicos, sociales, de vivienda... pero solamente hay un derecho fundamental, solo uno, que está por encima de todos los demás, que es la tutela judicial efectiva. Es decir, que se cumplan las sentencias, que se ejecuten las sentencias dictadas de hace 25 años y más.

–Como ocurre con el 'caso Tenis' de Laredo. ¿Qué está fallando para que no se haya ejecutado un sentencia después de 25 años?

–Lo que falla es la ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, que no nos da herramientas a los jueces en materia de ejecución de sentencias. La solución pasa por la colaboración y la cooperación entre administraciones. En este caso las administraciones condenadas, que son siempre ayuntamientos y a veces también gobiernos de Cantabria, tendrían que colaborar con la Administración de Justicia.

–¿Y cómo se puede mejorar la respuesta de la justicia a la ciudadanía? ¿Cree que la ley de eficiencia judicial es suficiente?

–Esta nueva ley es muy buena en ideas, tiene una respuesta técnica inmejorable a la situación de colapso que tenemos en la jurisdicción, con un diseño desfasado, sin recursos suficientes ni humanos ni personales ni materiales, pero el problema de esta ley es cómo se vaya a desarrollar, el dinero que va a invertir y las ganas que se pongan en implementarla. El problema es, como siempre, si existen recursos suficientes. Partimos de una estructura anticuada en la que no hay suficiente número de jueces para resolver todos los asuntos y con una litigiosidad que ha subido.

–Y en Cantabria, ¿ cuáles cree que son las principales necesidades?

–Además de más jueces, como en todo el país, más medios materiales. El edificio de Las Salesas está en malas condiciones, los espacios no son óptimos y el mobiliario no es el adecuado.

–A todo esto se suma el problema de falta de credibilidad de los jueces y el continuo cuestionamiento de la clase política.

–Esto se tiene que reconducir. Los medios de comunicación tienen que tener respeto a todos los poderes del Estado. Si no hay una división clara de poderes no estamos ante un Estado de Derecho. Y el problema es que los jueces individualmente no nos defendemos. Los jueces nunca pueden ser el foco de la noticia. Aprovecho para pedir a la presidenta del CGPJ que recupere la figura de la portavocía para defender a los jueces de distintos ataques.

–¿Qué opina de la ley de Simplificación? ¿Cree que puede generar choque de competencias entre ayuntamientos y gobierno regional?

–No la he leído aún, pero creo que es una ley muy necesaria.