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Apenas ha pasado una semana desde que comenzara la huelga de los funcionarios de Justicia y ahora son los jueces y fiscales los que ... amenazan con seguir los mismos pasos a partir del 16 de mayo, si Hacienda y Justicia no convocan la mesa de retribuciones para subirles el sueldo. «Esto puede ser el remate final y puede costar mucho recuperarse», lamentaba ayer el decano de los Juzgados de Santander, Jaime Anta.
En un comunicado, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Jueces y Juezas para la Democracia, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales anunciaron ayer que se irán a la huelga al calificar de «insuficiente» el presupuesto destinado al gasto de personal en las cuentas de Justicia para 2023: de los 2.304 millones de euros (un 7,8% más que el año anterior) el capítulo salarial se come 1.785 millones, alrededor del 75% del total, lo que supone un incremento de 139 millones, un 8,4% más respecto a las cuentas del ejercicio de 2022.
En la misma línea que los letrados judiciales, su protesta se basa en la carga de trabajo que asumen por la «elevada litigiosidad» y que afecta tanto a la calidad como a la rapidez de la respuesta judicial y a la salud de los profesionales. También reprochan que el Ministerio de Justicia, tras meses de conversaciones, desconvocó en octubre pasado «sin explicaciones» la mesa de retribuciones.
«Esperemos que no se llegue a concretar la huelga porque se ha llegado a un acuerdo -la mesa de retribuciones se ha convocado para el 3 de mayo-, pero es difícil con el Ministerio que tenemos. Parece que solo atienden una reclamación cuando te cargas un servicio público», afirmaba ayer Luis Enrique García, portavoz en Cantabria de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
«Los efectos pueden ser funestos, de difícil calibración. Puede ser catastrófico. Pero están incumpliendo la ley y parece que somos los tontos de la clase. Nuestra carga de trabajo aumenta increíblemente y el poder adquisitivo disminuye muy severamente», manifestaba. «A diferencia del resto de conflictos colectivos en la Justicia, aquí hay una ley que no se cumple», añadía el decano Anta.
Su homólogo en el Colegio de la Abogacía, Andrés de Diego, considera que, de producirse este paro, «nos vamos a ir a un retraso inadmisible en la respuesta de los jueces a las demandas de los ciudadanos». «Y luego nosotros somos otra derivada, porque también nos afecta en el día a día de nuestro trabajo», apunta al respecto.
Al tiempo que jueces y fiscales plantean esta nueva huelga, los funcionarios de Justicia siguen sin recibir una respuesta satisfactoria a sus demandas. La reunión que celebraron ayer representantes del Ministerio y el comité de huelga de los sindicatos finalizó sin acuerdo después de que no se formalizara una oferta económica con la que negociar desde el departamento de Pilar Llop.
Preocupada por la falta de acuerdo, la consejera de Presidencia y Justicia, Paula Fernández, que dejó claro que el Gobierno de Cantabria carece de competencias para regular las cuestiones que se están suscitando, llamó al «consenso» por el bien de los ciudadanos, que se ven afectados por la ralentización de un servicio público esencial.
«No se pueden retrasar más las negociaciones y el posible acuerdo entre las partes. El gran esfuerzo realizado durante la pandemia se está viendo afectado», aseguró.
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