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La creación de un nuevo juzgado civil en Santander, otro mixto para San Vicente de la Barquera y dos plazas de magistrado o magistrada ... para las secciones de la Audiencia Provincial son las principales necesidades que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha reclamado en el balance de su Memoria Judicial de 2019. Elaborada durante el estado de alarma y aprobada a finales de mayo, el TSJC plantea también en este documento la necesidad de crear una Oficina de Atención a las Víctimas y una red asistencial que cubra los ocho partidos judiciales de Cantabria, así como mejoras en el sistema de grabación para garantizar la autenticidad de lo grabado y que se pueda, además, incorporar directamente al expediente judicial electrónico.
A lo largo de 2019, el conjunto de los órganos judiciales de Cantabria registró 78.217 asuntos, resolvió 77.094 y al finalizar el periodo seguía tramitando otros 28.773. Esto supone que los asuntos ingresados durante el pasado año crecieron un 2,8% respecto a 2018, de modo que la tasa media de asuntos por cada miembro de la carrera judicial fue de 1.029, un 2,8% más que un año antes.
Los asuntos resueltos también aumentaron -en un 5,6%- y la tasa de resolución (la que pone en relación los asuntos que se resuelven con los que ingresan) se situó en el 0,99, lo que significa que los jueces de Cantabria dieron salida a una cantidad de asuntos similar a la de los que iban entrando. Durante el pasado año, los jueces también dictaron un total de 23.443 sentencias y 31.939 autos, mientras que los letrados de la Administración de Justicia firmaron 20.957 decretos.
La media de sentencias dictadas por cada miembro del colectivo judicial fue de 308,46, lo que supone un incremento del 8,7% respecto a las dictadas de media en 2018. Además, las sentencias dictadas y recurridas fueron menos en 2019 que un año antes: mientras que la pasada anualidad se presentó recurso en el 17,7% de las resoluciones finales dictadas, en 2018 las recurridas representaron el 19,2% del total de las dictadas.
La duración media de los procedimientos al finalizar 2019 era de 4,4 meses en la primera instancia y de 3,7 meses en la segunda instancia.
Al poner en relación el total de asuntos por resolver -los que ya estaban en los juzgados al comienzo del periodo y los nuevos que entran en el trimestre- con los que se resolvieron, Cantabria se encontraba al finalizar 2019 entre las que menos congestión tenían, con una tasa de 1,37 frente a la media española de 1,46. Esta baja congestión, que se observa en todas las jurisdicciones, contrasta con la tasa de litigiosidad, que pone en relación los asuntos presentados en el territorio con la población, y que durante el pasado año se situó en Cantabria en 134,6 asuntos por cada mil habitantes, por encima de la media española, que fue de 133,5.
Y es que la comunidad cántabra fue, un año más, la segunda con mayor tasa de litigiosidad civil a lo largo de 2019, con un total de 61,6 asuntos por cada mil cántabros -3,5 asuntos más que en 2018-, frente a la media nacional, que se situó en 50,7 pleitos de este tipo por cada mil españoles.
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Ana del Castillo
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