Los jueces valoran en 18 millones de euros las 5.110 demandas por cláusulas abusivas

Preciso uno, impreciso el otro, ambos datos resumen a números la frenética actividad desarrollada por ese juzgado en concreto desde que se puso en marcha una iniciativa judicial cuya razón de ser no está de más recordar.

Ingeniado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el plan, que se activó el 1 de junio de 2017, consistió en centralizar en un juzgado de primera instancia por provincia las decenas de miles de reclamaciones presentadas en España después de que el Tribunal de Justicia de la UE sentenciara que la banca española debía devolver los intereses cobrados de más a los clientes que habían firmado sus hipotecas con este tipo de cláusulas.

Ello, con un doble objetivo final. El primero, evitar que la jurisdicción civil se viera desbordada por la previsible avalancha de demandas. Hay más de 7 millones de afectados. Y el segundo, unificar los criterios, un propósito que el órgano judicial cree que ha conseguido pues más del 98% de los casos estudiados durante el primer semestre de vigencia del plan se resolvieron a favor de los demandantes.

Si bien la idea inicial era mantener vigente el plan durante un año, el CGPJ ha decidido esta misma semana prorrogar hasta finales de 2018 la actividad de estos juzgados especiales dado que al cierre de marzo todavía había pendientes de resolver 178.802 de las más de 250.000 reclamaciones presentadas.

Así las cosas, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santander, al que se han derivado todos los litigios hipotecarios de la región, seguirá al menos medio año más funcionando paralelamente como 'Juzgado de Cláusulas Suelo de Cantabria' e incorporando nuevos casos a los más de cinco mil que ya tiene encima de la mesa.

«Desde que se activó el plan hasta hoy (5 de julio) hemos recibido 5.110 demandas de impugnación de condiciones hipotecarias abusivas», recuenta el magistrado Jaime Anta, que ya en su momento advirtió que el número de afectados por este ti-po de cláusulas podría elevarse en la comunidad autónoma por encima de los 70.000.

En esas cinco mil demandas, dice, «los denunciantes reclaman lo pagado de más por la cláusula suelo o la devolución de los gastos hipotecarios», cantidades que varían dependiendo del producto contratado y que hacen difícil de determinar con exactitud la cifra en euros a la que las entidades bancarias deberían hacer frente.

«Es imposible», asegura el juez, que, no obstante, no tiene inconveniente en aportar algunos números de los que podría extraerse una cantidad estimativa.

«Las demandas por cláusulas suelo rondan los 6.000 euros de media, y las reclamaciones por gastos hi-potecarios andarán por los 2.500», calcula el responsable del juzgado, que en estos últimos trece meses ha dictado cerca de 400 sentencias, «pongamos que unas 120 relacionadas con cláusulas suelo y 280 con gastos hipotecarios».

Si estos datos se aplicaran al conjunto de las actuaciones, a esas 5.110, resultaría que al juzgado de Anta habrían llegado 1.533 demandas re- lacionadas con las cláusulas suelo que sumarían 9,1 millones de euros (a razón de 6.000 euros cada una) y otras 3.577 con los gastos hipotecarios que supondrían 8,9 millones (a razón de 2.500 euros cada una). La suma de esas dos cantidades colocan a las entidades crediticias ante una deuda con sus clientes de unos 18 millones de euros.

Pero esta, recalca el magistrado, «sería únicamente una cifra orientativa, casi ficticia», de lo que a los bancos les supondría ajustar cuentas con los 5.110 afectados que han judicializado el asunto a través del juzgado especial.

Juez decano de Santander, Anta, que insiste una y otra vez en que «las consecuencias económicas de cada una de estas demandas solamente se conocerán en la medida en que estas se vayan ejecutando», recuerda que esos no son los únicos sino la punta visible de un iceberg. Bien porque decidieron incorporarse a la macrodemanda que prepara la asociación de consumidores Adicae (736 casos aquí, en Cantabria), bien porque presentaron su reclamación antes de activarse el plan (con lo que esta prosigue su curso en el juzgado de origen), bien porque alcanzaron un acuerdo extrajudicial con sus entidades crediticias, otras decenas de miles de perjudicados –él piensa que unos 70.000– han elevado este asunto a la categoría de escándalo.

Un escándalo que ha repercutido en el trabajo diario del Juzgado de Instrucción Número 2 de Santander, que a lo largo de este el último año ha triplicado su actividad normal, y del que ya se conocen algunos datos muy interesantes.

Según el último informe publicado por el Consejo General del Poder Judicial, fechado el 6 de junio, al cierre del primer trimestre de 2018 habían ingresado en Cantabria un total de 3.587 asuntos de los que se resolvieron 532.

De acuerdo con esa memoria, Cantabria fue la única autonomía donde no se tramitó demanda alguna en el segundo trimestre de 2017, esto es, durante los primeros días de actividad en el juzgado especial, que después, ya sí, comenzó a recibir reclamaciones por centenares. Según el CGPJ, 988 en el tercero, 1.462 en el cuarto y 1.137 en el primero de 2018.

En cuanto a la tasa de resolución, Cantabria, con un 14,8%, se situó ligeramente por encima de la me- dia nacional (14,3%).

Y en relación a las sentencias, hasta donde da de sí el informe judicial, que se detiene en el 31 de marzo, Anta y sus colaboradores habían fallado 433 de los 22.848 asuntos sentenciados en todo el país.

Muy significativo, un último dato muestra claramente la deriva de todas ellas. El 97,6% fueron favorables a los clientes.

«Lo están ganando prácticamente todo», dice el abogado Diego Sarabia, que a lo largo de este último año ha recibido en su despacho a un reguero de afectados.

«Nosotros hemos presentado ya 200 demandas por las cláusulas suelo y del orden de 600 reclamaciones por gastos hipotecarios», la inmensa mayoría en el juzgado especial «aunque también en otros juzgados» a los que su bufete se remitió antes de que el Ministerio de Justicia activara su plan. Con un resultado, por lo que cuenta, aplastante. «En gastos hipotecarios hemos ganado el 100% de los asuntos ingresados. En cláusulas suelo, un 99%». Los casos desestimados, explica, «lo fueron porque había que demandar también al promotor al ser hipotecas subrogadas».

En contra de lo que se rumorea, dice el letrado que la respuesta de los bancos a todas estas demandas no es ni mucho menos el recurso. Según él, las entidades financieras «han dejado de recurrir porque están viendo caer las sentencias condenatorias una detrás de la otra». De modo que han optado por pagar. «Desde que un afectado entra por la puerta hasta que cobra puede transcurrir un año».