La jueza avala la legalidad del Congreso del PP cántabro y confirma a Buruaga como presidenta

La justicia ha dado la razón a María José Sáenz de Buruaga. La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, declara legal el Congreso del PP cántabro celebrado el año pasado, niega la existencia de irregularidades, como denunciaba un sector crítico del partido, y avala la presidencia de Buruaga.

Por tan solo cuatro votos ganó la actual líder popular a Ignacio Diego la elección interna que provocó un cambio en la cúpula del PP cántabro, además de una crisis interna como nunca había sufrido el partido en la región. La lucha judicial no tardó en llegar, tras las dos demandas presentadas por críticos afines al expresidente Diego, aunque ahora el tribunal ha dejado claro que no existió ninguna irregularidad.

La sentencia acredita que Miguel L. M., el afiliado del PP de Laredo desde cuya cuenta se abonaron 491 cuotas de otros tantos militantes de distintos municipios para que pudieran participar en la elección, «no está incapacitado judicialmente, lo que automáticamente debe llevarnos a presumir su plena capacidad de obrar».

La jueza también deja claro que este militante «se vale por sí solo para gestionar su patrimonio y su vida personal», pues como él mismo declaró durante el juicio «vive solo, paga sus recibos y efectúa sus propias gestiones, por lo que no existe atisbo de incapacidad de obrar».

Los demandantes habían solicitado que no se admitiese el pago de estas cuotas porque no fue nominativo, al no indicarse en el ingreso el nombre y apellidos de los afiliados, al considerar insuficiente la identificación por el DNI. Sin embargo, la jueza no muestra conformidad con este argumento porque «en España no existe documento alguno más específico que el DNI para identificar a una persona». Por tanto, entiende que los 511 pagos efectuados desde la cuenta del afiliado de Laredo deben calificarse de «válidos», al igual que los hechos por otros militantes que apoyaron la candidatura de Diego a favor de terceros que no estaban al corriente de pago.

Los denunciantes también argumentaron para anular el Congreso que el pago de las cuotas beneficiaba directamente a Buruaga, pero la jueza asegura que «no se puede afirmar a quién votaron esas 511 personas». Y frente a las acusaciones de posibles pagos irregulares, con dinero del partido, tampoco existe prueba alguna de la procedencia del dinero, más allá de conocer quién efectuó alguno de los pagos -entre ellos, los diputados Íñigo Fernández e Isabel Urrutia y la secretaria general del PP, María José González Revuelta-.

«Acataré la sentencia y exijo a todos que hagan lo mismo», dijo hace casi un mes Buruaga, tras celebrarse la vista del juicio. En su opinión, el fallo supondrá «un antes y después». «Y el que quiera remar –lanzó– estará a bordo porque este es su barco, este es su partido. Y el que no, el que se quede para abrir vías de agua e impedirnos llegar a puerto, sobra. Ese mejor que se quede en tierra». Ahora es el momento de ver si las aguas se calman en el PP cántabro, si la sentencia acelera algunas salidas del partido o si los críticos continúan intentando descabalgar a Buruaga.