El juez Acayro Sánchez lleva dos años a la espera de que el Supremo falle sobre su condena

Teniendo en cuenta que este mes de enero el Supremo deliberará sobre el recurso que presentó el condenado por el accidente de Corbán, en junio de 2022, todo hace indicar que, siguiendo el orden de entrada de asuntos (ambos son causas sin preso, que tienen preferencia), el juez que impulsó la macroinvestigación en el Ayuntamiento de Castro entre 2007 y 2015 tendrá que esperar unos meses más antes de conocer su futuro.

Fuentes del Alto Tribunal confirmaron ayer que aún no se ha fijado la fecha de deliberación y fallo (la Fiscalía del Supremo rechazó todos los motivos de los recursos contra la condena salvo uno), que suele anunciarse con una antelación de «dos meses», con lo que antes de abril es difícil que se resuelva este recurso.

El caso es que el 20 de enero se cumplirán dos años y medio desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspendiera cautelarmente de sus funciones a Acayro Sánchez. Eso supone que, en el caso de que el Supremo ratificara la condena de cinco años, el magistrado podría computar el tiempo que lleve suspendido hasta el momento del fallo, que podría rondar los tres años cuando se conozca, con lo que solo le quedarían dos años de inhabilitación por delante. Pero esa es una hipótesis. Otra podría ser que el Supremo le volviera a absolver como ocurrió en julio de 2016, después que el TSJC le condenara a un año y tres meses de prisión y tres años de inhabilitación por revelar los antecedentes penales del promotor Jon Loroño. En aquella ocasión, el Supremo apenas tardó seis meses en resolver el recurso de casación de Acayro Sánchez.

Sin embargo, en este nuevo asunto el Alto Tribunal se está demorando más y, por eso, el magistrado presentó hace unos meses un escrito ante la Sala Segunda de lo Penal en el que solicitaba un «impulso procesal» para que se resolviera cuanto antes su futuro profesional. La respuesta que recibió fue que «el asunto quedaba pendiente de señalamiento cuando corresponda por turno».

Este pleito nace de una querella que se sustentaba en dos asuntos. Por un lado, el Colegio de la Abogacía sostenía que Acayro Sánchez dictó resoluciones con la finalidad de investigar la relación contractual que une al abogado José María Real con el Ayuntamiento de Castañeda, las retribuciones, facturación y forma de pago de los servicios prestados como abogado al Consistorio, informando sobre ello a la Agencia Tributaria. Por otro lado, el colectivo denunció que el juez dedujese testimonio a la Fiscalía (lo propuso una de las partes) contra Real por la supuesta comisión de un delito de falsedad documental, que después se descartó.

El TSJC solo apreció delito en el primero de los procedimientos. En el segundo, reconoció que hubo un «perjuicio objetivo» al letrado querellante, pero no entendió acreditada la «intención de perjudicar» del juez. La Sala le condenó a una tercera parte de la pena que solicitaban las acusaciones por delito continuado de prevaricación judicial, «al no considerar la continuidad delictiva, aunque han sido varias las resoluciones dictadas en un mismo ámbito temporal y procedimental».

Este periódico se ha puesto en contacto con el entorno del magistrado , pero no ha querido hacer ninguna valoración sobre el asunto.