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l titular del Juzgado de lo Contencioso Nº2 de Santander, Luis Acayro Sánchez -impulsor entre 2007 y 2015 de una investigación en el Ayuntamiento de ... Castro que se ha saldo, por el momento, con 42 condenados-, se sentará por segunda vez en el banquillo de los acusados (la primera vez le absolvió el Supremo). La magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), María Rivas Díaz, ha apreciado indicios de un delito de prevaricación judicial en la actuación del magistrado a raíz de la querella del Colegio de Abogados de Cantabria por «dictar resoluciones judiciales apartándose del objeto del procedimiento con otra finalidad en perjuicio del abogado José María Real (también querellante)».
En un auto notificado ayer, al que ha tenido acceso El Diario Montañés, la instructora acuerda continuar la tramitación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado y da traslado a la Fiscalía y a la acusación particular para que, en el plazo de diez días, soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias. También da traslado de la resolución al investigado por si quiere recurrirla.
Cabe recordar que la querella del Colegio de Abogados y el letrado Real se sustentaba en dos asuntos. Por un lado, sostienen que Acayro Sánchez dictó resoluciones con la finalidad de investigar la relación contractual que une a Real con el Ayuntamiento de Castañeda, las retribuciones, facturación, y forma de pago de los servicios prestados como abogado al Consistorio, informando sobre ello a la Agencia Tributaria.
Sobre este asunto, la instructora señala que el magistrado acordó practicar tres diligencias «sin motivar por qué y para qué y ajenas al objeto del procedimiento (si la licencia concedida a unas edificaciones se ajustaba a la ley)».
La magistrada Rivas reprocha a Acayro -que espera sentencia del Supremo sobre el recurso que presentó contra el nombramiento de López del Moral como presidente del TSJC- que llevara a cabo «una actuación arbitraria, carente de motivación, instrumentalizando las potestades jurisdiccionales de las que era titular». «El derecho a utilizar medios de prueba de oficio no le atribuye un derecho ilimitado sino limitado a las que sean pertinentes para resolver sobre la cuestión litigiosa suscitada», añade. A juicio de la instructora, Acayro «inició una investigación prospectiva dirigida exclusivamente al letrado querellante al margen del proceso, que además culmina con contumacia, y acordó deducir testimonio frente al abogado por irregularidades en sus facturas con trascendencia tributaria, decisión carente de motivación e injustificada».
Por otro lado, el Colegio de Abogados basa su querella en la decisión del juez de deducir testimonio a la Fiscalía (lo propuso una de las partes) contra Real por la supuesta comisión de un delito de falsedad documental (que después se descartó). «El magistrado acuerda injustificadamente deducir testimonio. No cabe una investigación prospectiva».
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