La juez archiva la acusación que pesaba sobre el exdirector gerente del SCS

En un auto hecho público ayer, al que ha tenido acceso este periódico, la magistrada sostiene que tras las pruebas practicadas (fundamentalmente la declaración de testigos, en concreto del interventor general Pedro Pérez Eslava) no ha quedado acreditada «la existencia de un indebido fraccionamiento de los contratos» con la finalidad de «disminuir la cuantía o eludir los requisitos de publicidad y el procedimiento de adjudicación», o lo que es lo mismo, no existe prueba alguna de la existencia de un delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas).

Tanto el Ministerio Fiscal, como la acusación particular que ejerce el PP, sostenían que el exgerente, Julián Pérez Gil troceó en tres partes los trabajos de ampliación del Hospital Virtual para adjudicárselos directamente a las empresas Gardenor, Iralia y Serincopsa, vinculadas al hijo de un alcalde socialista, pese a que existía una unidad de acción organizativa para todos los trabajos.

Esta acusación, la única que pesaba sobre el exgerente, supuso su imputación. Pero ahora la juez instructora del caso sostiene que no hay prueba alguna de la «existencia de una decisión arbitraria» en el fraccionamiento de esos contratos. En este sentido, argumenta que Pérez Gil no firmó los contratos bajo sospecha y destaca que el Hospital Virtual Valdecilla alberga unidades y servicios diferentes dependientes de varias administraciones y que al tratarse de obras en un edificio que afecta a distintos órganos, «no puede estimarse fundadamente si ha existido fraccionamiento del objeto de contrato o no» puesto que no existen datos para «determinar su corrección o no».

El auto judicial alude a que aunque el informe provisional elaborado por Intervención recogía un indebido fraccionamiento de los contratos de las obras del Hospital Virtual, pero posteriormente el interventor general Pedro Pérez Eslaca, que declaró como testigo en la causa el 31 de enero, rectificó y se adhirió a las alegaciones del SCS, con lo que la acusación inicial de fiscal y PP perdió fuelle y dejó las sospecha vacía de contenido.

El sobreseimiento de este hecho supone 'de facto' la desimputación del exgerente, aunque la causa permanece abierta respecto a los otros tres hechos objeto de acusación, todos ellos relacionados con el fraccionamiento indebido de contratos para beneficiar a las empresas vinculadas con el hijo del alcalde socialista: la contratación de asesoramiento externo, el fraccionamiento de contratos de pintura en centros de salud y la fragmentación también de la compra de 22 ecógrafos.

Fue precisamente el exgerente, que declaró en sede judicial el pasado 14 de marzo junto a los otros tres imputados –el exdirector de Gestión Económica, Francisco Javier González Gómez, el exgerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo Gutiérrez, y el economista Álvaro Sáez de Viteri Bello–, quien se ha mostró más crítico con la intervención de la consejera de Sanidad, Luisa Real. En su descargo Gil aseguró que no tenía autonomía en su gestión, que en materia de contratación (el caballo de batalla del proceso) tenía «delegadas todas sus competencias» y que «tenía injerencias» por parte de la Consejería. Esta aseveración, consciente y meditada porque surgió a preguntas de su abogado, contradijo el discurso que ha sostenido la responsable de Sanidad en toda esta polémica, ya que Luisa Real ha sostenido siempre que el SCS era un «organismo autónomo».

El archivo de este hecho supone además que la investigación continúa respecto a todo lo demás y mantiene, por tanto, la imputación de los otros dos exaltos cargo y el economista Sáez de Viteri.

El principal implicado, Francisco Javier González Gómez, el subdirector de Gestión Económica a quien las acusaciones señalan en los cuatro investigados, incluidas las obras del Hospital Virtual, ha solicitado que declaren en la causa Benigno Caviedes (director gerente del SCS) y Julio Pascual Gómez, el director gerente del Hospital Valdecilla, pero la juez quiere escuchar a las acusaciones antes de resolver sobre la pertinencia de la prueba testifical solicitada.