La juez cita a declarar como imputados a tres altos cargos de Sanidad y a un asesor

Se trata del exgerente del SCS Julián Pérez Gil y su número dos, el exdirector de Gestión Económica Francisco Javier González, y el exgerente de Atención Primaria Alejandro Rojo, así como el que fuera asesor externo Álvaro Sáenz de Viteri. Los dos primeros presentaron su dimisión a finales de mayo, poco después de que Fiscalía abriera diligencias para investigar las denuncias presentadas por Izquierda Unida y el PP. El gerente de Atención Primaria, el único que seguía en el cargo, lo hizo el pasado día 12, tras conocerse que su nombre figuraba en la lista de investigados por Fiscalía.

Los cuatro imputados tendrán que comparecer a primera hora de la mañana ante la juez, asistidos de abogado. Su declaración supone el pistoletazo de salida de un proceso de consecuencias imprevisibles, tanto en el ámbito penal como en el político. Fiscalía dejó claro en su escrito de denuncia que, de momento, la investigación no afectaba a la consejera María Luisa Real (PSOE), en la cúspide de Sanidad, pero las cosas podían cambiar para ella en el momento en que apareciera el más mínimo indicio de su implicación en la supuesta trama corrupta denunciada por IU y PP. Por eso, la declaración de los imputados ante la juez resulta de especial trascendencia para la consejera, sobre todo si alguno de ellos decide tirar del hilo y comprometer a quien fuera su jefa.

Hasta hace unas semanas los dimitidos han seguido en contacto telefónico con Real, pero, según ha podido saber este periódico, esa comunicación se ha roto últimamente por consejo de los abogados de los imputados, lo que mantiene a la responsable de Sanidad en una situación de calma tensa.

Dos días después de la declaración de los imputados, el 31 de enero, la juez Compostizo ha citado a declarar a una serie de testigos, entre los que se encuentran el interventor general del Gobierno, Pedro Pérez Eslava, y la exjefa de Contratación del SCS Inmaculada Rodríguez, los dos principales pilares que sustentan la acusación.

El primero lo hará en calidad de autor del informe sobre la gestión y contratación efectuada por el Servicio Cántabro de Salud (SCS), publicado el pasado mes de agosto. Sus conclusiones fueron demoledoras ya que confirmaron el fraccionamiento de contratos y adjudicaciones «a dedo», denunciados por la exjefa de Contratación.

La investigación del órgano fiscalizador reveló que se trocearon contratos «con la finalidad de disminuir la cuantía de los mismos y así eludir los requisitos de publicidad y los relativos a los procedimientos de contratación», lo que «está prohibido por ley». Además verificó la existencia de «ineficiencias en la contratación», «la recepción de obras y suministros con empresas con carácter previo a la finalización de los trabajos contratados», o «el uso por parte de la Administración de bienes que aún no han sido recepcionados, y bienes de los que no consta que se haya efectuado la preceptiva acta de recepción».

El documento, que compromete la actuación de los altos cargos, señala como principal responsable de las irregularidades al exsubdirector de Gestión Económica Javier González. El informe detectó también «contradicciones entre los plazos de ejecución que constan en los contratos y los establecidos en la memoria» y alertó del pago de obras o servicios con partidas que no correspondían, así como «incorrecciones en la ejecución presupuestaria en varias gerencias» y en «algunas cesiones de uso».