El juez concreta la imputación contra los cinco implicados en el 'caso Gesvicán'

Las cantidades presuntamente pactadas se concretaron en 2.500 euros por la elaboración del proyecto, otros 2.000 euros si la UTE resultaba como mejor valorada y 5.000 euros para el caso de que resultara adjudicataria. En total

La resolución, contra la que cabe interponer recurso de reforma ante el propio instructor o de apelación ante la Audiencia Provincial, rechaza la petición de sobreseimiento de las defensas, puesto que las diligencias ya practicadas «ofrecen indicios más que suficientes para continuar el procedimiento». Además, acuerda tomar declaración nuevamente a los cinco investigados, dado que en los hechos objeto de este proceso se han incluido dos contratos que no figuraban en los informes de los investigadores.

El juez también solicita al Juzgado de Instrucción Nº 5 de Santander testimonio de las diligencias que instruye este órgano en las que aparecen conversaciones y mensajes telefónicos de los cinco, y rechaza la práctica de más testificales solicitada por una de las defensas pues «las diligencias practicadas y la documental que ahora se acuerda se revelan más que suficientes para resolver sobre la apertura del juicio oral o, lo que es lo mismo, para pasar a la fase de enjuiciamiento». Será entonces cuando «la defensa podrá y deberá desplegar todos los medios de prueba que estime conveniente ya en presencia de los jurados, a quienes corresponde valorar la prueba», añade.

Según recoge el instructor en este nuevo auto, la imputación se concreta en la «concertación de dos técnicos de la empresa pública Gesvicán con los administradores de Senor y Rucecan para el cobro de cantidades a cambio de prepararles la documentación a presentar en las licitaciones de obras públicas y favorecerles en la valoración de las ofertas presentadas», lo que pudo influir en el proceso de contratación pública entre los años 2018 y 2022.

Esa valoración la realizaban los dos ingenieros de Gesvicán en virtud de una encomienda de gestión suscrita entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y la empresa pública que tenía como finalidad, entre otras, la de estudiar y analizar las ofertas recibidas por los licitadores en contratos licitados por la Consejería de Obras Públicas.

De las diligencias instructoras se desprende que los técnicos se concertaron con el administrador de Senor y con los dos administradores de Rucecan para favorecer a ambas empresas cuando formaron una UTE, como pudo ocurrir en obras de mejora del trazado de tres carreteras autonómicas. En similares términos se concertaron presuntamente los dos técnicos con los dos administradores de Rucecan «para que esta última resultara beneficiada en varios procesos de contratación en detrimento del resto de licitadores», como pudo ocurrir en otras seis actuaciones de acondicionamiento de viales.

Según señala el magistrado, «ninguna de las mercantiles investigadas contaba con un modelo de vigilancia y gestión adecuados para prevenir las conductas delictivas descritas».