El juez decide que el 'caso Gesvicán' sea juzgado por un jurado popular

En su resolución, el instructor explica que los hechos que se siguen en este procedimiento y que han sido objeto de imputación «revisten por ahora, y sin perjuicio de ulterior calificación, los caracteres de cohecho (de los artículos 416 y siguientes del Código Penal) y delito de fraude en la contratación pública (del artículo 436 del C.P.), cuya competencia corresponde al Tribunal del Jurado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Orgánica 5/1995».

A partir de ahí, y siguiendo el procedimiento previsto, el magistrado Agüero convoca a una comparecencia señalada para el 15 de noviembre a los cinco investigados, al Ministerio Fiscal, y en su caso, a las demás partes personadas, así como a Gesvicán S.L. en concepto de responsable civil subsidiario, al objeto de concretar la imputación.

Para poner en contexto este caso hay que recordar que surgió hace año y medio a raíz del 'caso Obras Públicas', en el que se investiga a diez personas, entre ellos el exjefe de Carreteras, por unos hechos similares pero a mayor escala.

Desde entonces, los investigadores han recabado hasta media docena de indicios de los que se desprenden supuestos delitos de fraude en la contratación y cohecho.

El 14 de febrero de 2023, apenas una semana antes de que se destapara el 'caso Obras Públicas, la Agencia Tributaria (AEAT) recibió un denuncia sin remitente contra dos técnicos de Gesvicán en la que se aportaba información sobre la posible participación interesada de sus dictámenes técnicos, así como detalles del cobro de comisiones a las empresas que concurrían a las licitaciones de las obras públicas. En la denuncia se incluía información de las posibles prácticas irregulares de los dos técnicos.

Los investigadores hilaron la denuncia con dos llamadas realizadas dos meses antes (el 29 de diciembre de 2022) por el jefe de Carreteras y cabecilla del 'caso Obras Públicas', Miguel Ángel Diez, al director general de Senor, Ricardo Fernández, en la que ambos denunciaban los criterios subjetivos establecidos durante el proceso de criba de las empresas que se presentan a las licitaciones, mencionando expresamente a uno de los ingenieros de Gesvicán ahora está investigado.

Además, el Servicio de Vigilancia Aduanera ha realizado un estudio patrimonial de los dos técnicos de Gesvicán, que abarca cinco años (desde 2018 a 2023), y ha detectado que ambos disminuyeron el uso de sus tarjetas de crédito como instrumento de pago, de lo que se desprende que aumentó el uso de dinero efectivo para afrontar sus gastos.

Los investigadores consideran que ese menor uso de las tarjetas de crédito «podría indicar la existencia de dinero en efectivo de origen desconocido para efectuar pagos cotidianos». Además, la AEAT ha certificado la existencias de reuniones periódicas, en forma de comidas, principalmente, entre los responsables de Rucecan y los dos técnicos de Gesvicán «sin justificación alguna», así como numerosas llamadas en un año de los dos técnicos de Gesvicán (uno 641 y otro 222) y los responsables de Rucecan.

El juez ha concedido a las partes un plazo de tres días por si deciden recurrir su auto.