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RAMÓN MUÑIZ
Gijón
Miércoles, 16 de noviembre 2022, 10:12
Desde agosto, científicos, ganaderos, guardas y funcionarios discuten el destino de un lobo de la manada Cabrales-Tresviso. El Principado de Asturias lleva cuatro meses ... armando el expediente para convertirlo en el primero abatido desde que el Ministerio para la Transición Ecológica decretara la protección de la especie, en septiembre de 2021. La Consejería de Medio Rural firmará esta semana la resolución que autoriza a sus guardas a matar uno de los que campean en las sierras de Peñamellera Alta, Peñamellera Baja y Cabrales, dentro de Picos de Europa, en las proximidades de las explotaciones atacadas. La orden no se materializará de inmediato. Se esperará a que los ecologistas recurran y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) revise el caso.
La última palabra sobre la vida del animal quedará en manos de los magistrados, que tendrán ante sí un expediente complejo, con muchas aristas y dos paradojas. El Principado es quien mejores censos tiene, pero la falta de datos del resto de comunidades puede dejarle sin autorización. Si, además, Medio Rural se queda sin permiso, sería evidente que en España hoy por hoy es casi imposible abatir un lobo de manera legal, a pesar de que sobre el papel se habilitó un procedimiento para ello. Por partes.
La Estrategia nacional del lobo dejó abierta una puerta para matar cánidos si se cumplían tres requisitos: que el ganadero pusiera antes todas las medidas de protección, que pese a ello su cabaña sufra ataques recurrentes y que «el mejor conocimiento disponible justifique que la extracción no afectará negativamente al estado de conservación de la especie». Algo clave.
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El Principado escogió iniciar el trámite en los Picos de Europa, entendiendo que es donde más cercados y medidas de protección han puesto los ganaderos y mejor se conoce la evolución de la especie. Incorporó al expediente una encuesta a los ganaderos para que detallen las cautelas que llevan tomadas, un mapa localizando los ataques del 2022, las estadísticas de daños en Cangas de Onís, Onís, Cabrales, Amieva y Peñamellera y un aviso. El ganado menor en la zona es escaso y su preservación «imprescindible para que puedan seguir cumpliéndose los requisitos que, en cuanto a origen de la leche, establece el Reglamento de la D. O. P. Queso de Cabrales».
El 14 de septiembre remitió el expediente al ministerio. El procedimiento establece que es él quien emite el último «informe preceptivo no vinculante». Es imprescindible que hable, pero la decisión final compete al Principado. Para orientarse, el ministerio encargó al Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (de la Universidad de Oviedo) que revisara la normativa y acotara cuál debe ser su papel.
Guiado por ese análisis, el ministerio considera que el Principado acredita bien que los ganaderos ya no tienen otra alternativa de protección y que los daños que sufren son recurrentes. Sin embargo «no se puede constatar que la extracción de ejemplares de lobo solicitada resulte neutra sobre el estado de conservación de la especie, tanto a escala de la región biogeográfica Atlántica como a escala nacional».
La consejería había tratado de salvar la cuestión con un informe del comité técnico del parque nacional, informando de que en los últimos 36 años los lobos han aumentado en los Picos de Europa, pasando de una manada a siete, y ello pese a que se venían matando ocho animales al año.
El ministerio opone que para entrar en el fondo del asunto necesitaría conocer al menos las «tasas de mortalidad -y en consecuencia de superviviencia relativa- tasas de productividad, tamaño de grupo familiar en distintas fases del ciclo vital y censo del númeto total de lobos o de grupos detectados», tanto en toda Asturias «como en el área en que se propone llevar a cabo la extracción, en el entorno del Parque Nacional».
Según los asesores del ministerio, los científicos coinciden en que habría que abatir entre el 22 y el 29% de los animales para «afectar negativamente» a la evolución de la especie. Francia autoriza a matar entre el 10 y el 20% de los lobos, pero allí hay un «seguimiento permanente» de las poblaciones y el estado de conservación de los cánidos está catalogado como «favorable»; en España se considera «desfavorable-inadecuado». Según la Comisión Europea, «la extracción es posible» también en ese estado, siempre que se acredite que el sacrificio tiene un «efecto neutro» sobre la evolución de la especie, algo que requiere mantener unos censos constantes de los que carece España.
Pesa en todo un antecedente: el Tribunal de Justicia de la UE estableció que si los datos disponibles «dejan alguna incertidumbre», el estado miembro debe abstenerse de matar al animal.
El consejero de Ganadería de Cantabria, Guillermo Blanco, repitió el mes pasado la postura que ya hizo pública después de que el TSJC aceptara las medidas cautelares para dejar sin efecto por ahora las primeras extracciones de lobos en Cantabria. Decir que seguirán aprobando expedientes para matar lobos en zonas concretas y que incidirán en las actuaciones y las ayudas que contempla el plan regional dentro del marco legal actual.
El consejero insistió en que los autos judiciales no han entrado al fondo del asunto, dijo que seguirán en esa línea y aseguró que es «radicalmente falso» que Asturias circule por un camino distinto. «Si no nos mandan los informes que están obligados a mandarnos, como para reunirnos», dijo sobre la posibilidad de llegar a acuerdos en Madrid. Y enumeró: seguir con los expedientes de extracciones, pagar los daños verificados, un nuevo contrato de seguro con un aumento de la póliza, ayudas ambientales –hubo discusión en torno a cuándo se pagan–, otras ayudas para medidas preventivas... Pidió respeto para los representantes de las organizaciones agrarias y defendió a Revilla, que «contó una anécdota».
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