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El juez ha dado la razón al microbiólogo José Ramos, que a principios de este año denunció al Instituto de Investigación Valdecilla (Idival) por no renovar su contrato al finalizar el programa estatal Miguel Servet, cuyo objetivo final es la estabilización de investigadores ... de prestigio. El Juzgado de lo Social número 1 de Santander, en la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, declara «improcedente» su despido y condena al Idival a que, «a su elección», readmita en su puesto al demandante, como indefinido no fijo, en las mismas condiciones y jornada que tenía, o le indemnice con 48.330 euros. Una sentencia favorable que se añade a las más de 70 falladas a favor de investigadores de todo el país que se han encontrado en una situación similar, aunque «ninguna con el desenlace de la de Cantabria». Este jueves, el microbiólogo fue informado de que el gerente, Galo Peralta, ha recurrido el fallo y de que no será readmitido. «Me han fastidiado la vida. Después de 11 años, me dejan en la calle» -declara Ramos- «y se van a perder todas mis líneas de investigación, con una inversión aproximada de un millón de euros. No tiene sentido».
Desde la Asociación Nacional de Investigadores hospitalarios (ANIH) critican la «inexplicable decisión» de Peralta de consumar esta expulsión, «puesto que, en la práctica, supone una estrategia de 'investigadores de usar y tirar' en la que el Idival los explotaría mientras que sus salarios son mayormente financiados por los programas estatales, para luego despedirlos cuando le toca asumir el coste íntegro de sus contratos». Es más, sostiene el colectivo que «la decisión es aún más incomprensible en el contexto actual de pandemia por covid-19, en el que todo el talento investigador es esencial para afrontar la crisis».
Y recuerda que Ramos es un experto microbiólogo, justo la especialidad más demandada para desentrañar los misterios de la infección por SARS-CoV-2, que había superado la evaluación de rendimiento realizada por el Instituto de Salud Carlos III, organismo nacional dependiente de los Ministerios de Sanidad y de Investigación, que es responsable del programa Miguel Servet, y también la evaluación del comité externo del propio Idival. La ANIH insta al consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, y al presidente, Miguel Ángel Revilla, a que «actúen inmediatamente con las medidas que sean necesarias para lograr que se cumpla la sentencia judicial reintegrando al investigador a su puesto e impedir que se consume un despido completamente irrazonable».
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