Un juez disuelve por primera vez en Cantabria una asociación cannábica

Esta última decisión supone un precedente en Cantabria, ya que se trata de la primera asociación cannábica (persona jurídica) de la región que es condenada, ya que hasta ahora las penas afectaban únicamente a algunos asociados, según señala el fiscal delegado de delitos contra la Salud Pública, Ángel de Santiago. «Hay otros casos en los que pido la disolución de la asociación, pero esta es la primera que se disuelve tras la causa penal». De Santiago ya manifestó el año pasado (con datos de 2020) la «preocupación» de la Fiscalía por la «actividad delictiva» que en el seno de las asociaciones cannábicas se está desarrollando en diversos puntos de Cantabria.

Esta inquietud se mantiene en vista de que siguen produciéndose casos de colectivos que no cumplen con los requisitos establecidos por el Tribunal Supremo. «No es que haya crecido el número de casos, pero sigue habiendo y por eso seguimos preocupados», señala. En cambio, el fiscal apunta que se ha producido una «importante reducción» de solicitudes de inscripción asociativa en relación con el cannabis, «rompiendo el movimiento de ascenso que apuntábamos en años anteriores».

De las tres diligencias de investigación abiertas al efecto en 2016 se pasó a cuatro en 2017, once en 2018, dieciséis en 2019, siete en 2020 y solo seis en 2021, «lo que permite pensar que la actividad policial de denuncia sobre actuaciones ilegales en las asociaciones pudiera estar comenzando a dar sus frutos». Asimismo, la coacción que ejercen las bandas dedicadas al tráfico de marihuana sobre los colectivos creados de buena fe «puede haber replanteado en sus promotores la creación de asociaciones», considera el fiscal.

El abogado Antonio Bezanilla, que representa a unas 57 de las 73 asociaciones de este tipo que hay en Cantabria, defiende que «la mayoría de estos colectivos cumple» el mandato del Supremo, «que exige que sean grupos pequeños de consumidores, que sean estables, que el consumo sea inmediato y no hagan acopio y que no realicen una compra compartida». Bezanilla señala que en los últimos cinco años apenas han intervenido a tres de las asociaciones que él representa. «Los pocos que se saltan la normativa, salvo alguna excepción, suele ser por desconocimiento, no tienen voluntad de saltarse la ley, para eso no se apuntarían en el registro de asociaciones del Gobierno de Cantabria».

Sobre la proliferación de estas asociaciones, apunta dos circunstancias: los fumadores quieren evitar multas por consumir en la calle y, al requerirse que sean grupos pequeños, provoca la creación de más colectivos.