El juez que investigó el caso de 'Pepe, el del Popular', nuevo fiscal general del Estado

Sánchez Melgar fue el instructor de dos de los casos de mayor trascendencia mediática que ha habido en la región: el caso de 'Pepe el del Popular' y la suspensión de pagos de 'Intra y Sergoysa' ocurrida a principios de la década de los noventa en Santander, en la que debía de resolver sobre la culpabilidad de los hermanos Serrano Goyría, los financieros que intentaron plantar cara a la familia Botín en el Banco Santander. Además, al frente del juzgado de instrucción nº2 de Santander investigó algunas de las derivadas del macroproceso a Juan Hormaechea.

Julián Sánchez Melgar es un penalista conservador que formó parte de la Sala que admitió la querella por el 'procés' independentista en Cataluña.

De este modo representa una línea continuista sobre el fallecido José Manuel Maza, su predecesor: respetado experto penalista, conservador, cercano al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, y de talante favorable al diálogo y personalidad accesible.

Por si fuera poco, formaba parte, junto a otros cinco magistrados, de la sala que admitió a trámite la querella que el fallecido Fiscal General presentó contra la Mesa del Parlamento de Cataluña.

El magistrado, que tras una serie de recientes jubilaciones era uno de los más veteranos miembros de la Sala de lo Penal del Supremo, tiene en su carrera varios asuntos destacables, entre los que destaca el haber sido ponente de la llamada 'Doctrina Parot'. Esa jurisprudencia hizo posible el cumplimiento íntegro de las condenas para miembros de ETA.

Además de ser ponente de la citada doctrina, que tumbó el Tribunal de Estrasburgo tras años de aplicación que mantuvieron en prisión a terroristas y peligrosos criminales, Melgar tiene otros capítulos reseñados, como su voto particular contrario a la llamada Doctrina Botín. En aquella ocasión votó, junto a otros magistrados de orientación progresista, en contra de la mayoría y, por tanto, del fallo favorable al desaparecido banquero.

En su haber hay otra particularidad: la de ser el magistrado de enlace en el control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Nacido en Palencia en 1955, es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña, con premio extraordinario. Magistrado en el Tribunal Supremo desde el año 2000, Sánchez Melgar es uno de los jueces con mayor experiencia en la Sala Segunda y goza de gran prestigio en el alto tribunal.

El Gobierno, que elige a este magistrado seis días después del fallecimiento de José Manuel Maza en Buenos Aires, propondrá su nombramiento en el Consejo de Ministros de acuerdo con lo estipulado en el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El magistrado del Tribunal Supremo es propuesto nuevo fiscal general del Estado en un momento especialmente convulso debido principalmente a las causas judiciales abiertas por la deriva independentista catalana además de las diversas investigaciones relacionadas con tramas de corrupción. A diferencia de su antecesor en el cargo, el jurista se encontrará una Fiscalía Anticorrupción más pacificada tras el nombramiento como jefe de la misma de Alejandro Luzón que vino a sustituir a Manuel Moix el pasado 1 de junio. Moix abandonó la jefatura de esta Fiscalía tras 87 días en el cargo por el escándalo de su empresa ofshore en Panamá.

Julián Sánchez Melgar ingresó en la Carrera Judicial en 1983 y ascendió a magistrado en 1987. Además de servir en los juzgados de Santander, también estuvo destinado en la antigua Audiencia Territorial de Barcelona.

El magistrado que sustituye al recientemente fallecido José Manuel Maza también ha sido vocal del Consejo Rector de la Escuela Judicial y magistrado de control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Además, ha colaborado como docente con distintas universidades.

Autor de numerosas publicaciones científicas en revistas especializadas y obras conjuntas, entre ellas varios libros dedicados al estudio del Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal e Inviolabilidad e Inmunidad Parlamentaria. Desde 1992 está en posesión de la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

El aval del Poder Judicial, que no tiene carácter vinculante, consiste en un mero control de que el nuevo fiscal general es elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.

Según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, una vez recibido el informe del CGPJ, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, en cuya Comisión de Justicia deberá comparecer el candidato "a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad" del mismo. Sin embargo, este informe tampoco es vinculante ni la candidatura es sometida a votación.

Después de estos trámites el expediente vuelve al Consejo de Ministros y el nuevo fiscal o fiscala general, una vez nombrado prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la Ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.

El Estatuto añade que el cargo de fiscal general tiene carácter de autoridad en todo el territorio español" y se le guardará y hará guardar el respeto y las consideraciones debidos a su alto cargo". En los actos oficiales ocupará el lugar inmediato siguiente al del Presidente del Tribunal Supremo.

La duración del mandato del Fiscal General del Estado es de cuatro años, ya que cesa cuando cesa el Gobierno, si bien el que sustituya a Maza, al haber transcurrido ya prácticamente un año de la designación de éste, sí podría volver a ser propuesto.