El juez mantiene en pie el edificio de la playa de Cuchía tras 20 años de pleitos

Después de dos décadas de litigios de distinta índole, los propietarios de la urbanización Playa Marzán de Miengo pueden respirar más tranquilos. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Santander ha emitido un auto en el que salva de la piqueta a la edificación situada en la playa de Cuchía tras un interminable proceso judicial con cientos de escritos y que llegó a contar con varias sentencias contrarias a la construcción. El magistrado Juan Varea estima ahora la imposibilidad legal de ejecutar la demolición de la urbanización de 20 viviendas, locales y garajes atendiendo así la petición del Ayuntamiento de Miengo y la comunidad de propietarios personada. Sin embargo, los vecinos afectados, acostumbrados a este 'martirio', no cantan victoria ya que contra esta decisión judicial cabe interponer recurso de apelación.

Hay que remontarse a 1988 para conocer el germen del conflicto. El Plan Parcial de Cuchía fue aprobado en junio y años después el Ayuntamiento de Miengo concedió (el 31 de marzo de 1998) la licencia de obra para edificar la urbanización en la zona, pero la asociación conservacionista ARCA recurrió la autorización municipal e inició una cruzada con el objetivo de conseguir la demolición de la construcción de Cuchía. Y de hecho dio sus primeros frutos. En marzo de 2001 prosperó un recurso contencioso administrativo contra la concesión de la licencia, se anuló la misma y se acordó la demolición de lo indebidamente construido. Una sentencia que fue confirmada el 17 de julio de ese año por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

El Ayuntamiento de Miengo trató de paralizar el derribo y acudió al Supremo al entender que el tribunal cántabro había errado a la hora de aplicar las normas. En 2003 consiguió que el Alto Tribunal le diera la razón, al estimar que se había aplicado equivocadamente la Ley de Costas de 1988 al caso, abriendo así la vía para que los propietarios de las viviendas fueran resarcidos económicamente si la urbanización era derribada. Invocó la doctrina del Supremo, pero no tuvo eco y el juzgado apremió una vez sí y otra también para tirar lo ilegalmente construido. Tras ello se presentaron numerosos incidentes de inejecución (incluyendo el planteamiento de dos cuestiones de inconstitucionalidad) y causas de oposición a la misma que fueron desestimados. También se dictaron numerosas resoluciones requiriendo a la Administración condenada el cumplimiento del fallo.

Sin embargo, en un nuevo escrito ya más reciente, diciembre de 2017, se planteó otro incidente de inejecución de la resolución del Ayuntamiento, que concedió en 2016 una nueva licencia de legalización del edificio. Previamente, en marzo de ese último año la comunidad de propietarios, defendida por el abogado Pablo Sámano, recibió otro balón de oxígeno cuando el Supremo salvó de la piqueta la edificación al dictar una sentencia en la que estableció que la franja de protección costera en esa zona es de 20 metros y no de 100, tal y como estableció el deslinde marítimo-terrestre realizado por Costas en 2009. Aquella resolución sacó la urbanización de Miengo del plan de derribos del Gobierno, un documento que marca los pasos del Ejecutivo ante las casi 500 viviendas con sentencia de derribo que hay en Cantabria.

Ahora el juez Varea asegura en el auto que la licencia da cobertura al edificio existente. Además, aclara que de ejecutarse la sentencia y procederse a la demolición, la Comunidad podría volver a edificar exactamente el mismo edificio en virtud de la nueva licencia, firme y consentida. E insiste en este aspecto: «El ordenamiento jurídico no puede interpretarse de modo que origine soluciones que, en vez de resolver los conflictos sociales, los agrave, generando daños que puedan evitarse con soluciones más sencillas que llevan al mismo final, la legalización con indemnización». Tampoco observa ninguna maniobra dilatoria con fines ilegales o en abuso de derecho por parte del Ayuntamiento de Miengo, aunque sí aprovecha para dar un tirón de orejas a los responsables municipales: «Sencillamente es un retraso por mala gestión, que podría haber provocado graves consecuencias». De hecho ordena abrir una pieza separada para determinar el alcance e importe de la indemnización de los perjuicios que, esa inactividad del Ayuntamiento, durante este periodo ejecutivo, haya podido ocasionar.

Sin embargo, el juez insiste en que no hay obstáculo para hacer valer esa licencia nueva y reconocer la imposibilidad legal de ejecutar el fallo en sus términos. Por último, considera que todo ello no afecta a la tutela judicial.