Un juez ordena investigar al SCS por fraccionar contratos en favor del Igualatorio

Se trata de 13 convenios, que suman un total de 267.800 euros, cuyo objeto «es el mismo». Para el magistrado, «parece claro que se ha realizado un fraccionamiento de contratos a favor de una adjudicataria que estaba incursa en causa de prohibición para contratar», en referencia al Igualatorio Médico Colegial. Por eso, al sospechar que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa, deduce testimonio de los convenios para remitirlos a la Fiscalía de Cantabria y que sea quien investigue.

En esas fechas, el gerente del SCS era Julián Pérez Gil, que es uno de los tres exaltos cargos de Sanidad imputados por presuntas irregularidades en los contratos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y dimitió después de que Fiscalía abriera diligencias para investigar las denuncias presentadas por Izquierda Unida y el PP.

Este nuevo frente judicial puede ser un caso de cazador cazado, porque la decisión judicial se produce en el contexto del recurso que presentó la aseguradora en junio de 2017 contra la adjudicación del contrato de hospitalización con la sanidad privada al Hospital Santa Clotilde, único aspirante, que ya había prestado el servicio anteriormente.

Se trataba de un contrato especialmente atractivo, porque por primera vez el periodo de concertación era de cuatro años (dos más que la anterior licitación), además de otros dos de prórroga, lo que elevaba el montante total a 32,4 millones, frente a los 10,9 millones de euros de 2013. Así que el Igualatorio Médico, que nunca había optado a esta licitación, estaba decidido a concurrir en esta ocasión, aunque finalmente desistió tras diversos problemas. Pero, lejos de amilanarse, llevó el anuncio de licitación y los pliegos de condiciones ante la Justicia.

En su recurso, la compañía aseguradora alegó que se había beneficiado al Hospital Santa Clotide «al evitar dividir el contrato en lotes sin justificación, de tal manera que ningún otro centro sanitario de la región podía concurrir». De hecho, la renovación del contrato de hospitalización concertada se produce casi de forma automática con Santa Clotilde.

Y es en el desarrollo del pleito cuando se descubre la existencia de los trece contratos supuestamente fraudulentos con el Igualatorio Médico Quirúrgico. Los servicios jurídicos de Sanidad alegaron en su descargo que la compañía aseguradora no puede contratar con el SCS porque entre sus accionistas hay al menos doce de los médicos que prestan servicios en el Servicio Cántabro de Salud, por lo que esta incursa en causa de prohibición para contratar según la legislación.

Fue en este momento del proceso cuando el Igualatorio Médico, para desmontar los argumentos de Sanidad, trajo a colación los contratos que la Clínica Mompía «ha suscrito en los últimos años con el SCS», de los que aportó una detallada relación.

En este intercambio de alegatos, Sanidad argumentó que «en la ilegalidad no hay igualdad y la existencia de precedentes que desconocen el límite legal ni hace que este límite no siga existiendo ni obliga a la Administración a desconocerlo», recoge la sentencia.

El juez comparte la postura de la Administración regional y rechaza el recurso al considerar que el Igualatorio no está legitimado para impugnar la licitación. En este sentido estima que el hecho de que Sanidad haya contratado con el Igualatorio en ocasiones anteriores a pesar de que lo tenía prohibido «no es precedente válido ni constituye una excepción a la prohibición para contratar que le afecta».

Pero el magistrado va más allá. Analiza los 13 contratos celebrados con el Igualatorio y estima que hay indicios de la comisión de un posible delito de prevaricación, de manera que el recurso de la aseguradora puede convertirse en lanza hacia sus intereses y hacia la propia Consejería de Sanidad.

El contrato suscrito con Santa Clotilde es uno de los mas golosos para la sanidad privada. Garantiza 100 camas de hospitalización para derivación de pacientes de cuidados paliativos, crónicos o que requieren rehabilitación hospitalaria, y se oferta en bloque ya que no permite la posibilidad de dividir en lotes, tal y como quería el Igualatorio para poder acceder a alguno de los servicios.

La adjudicación consolidó al hospital como el principal aliado de la sanidad pública, ya que esa colaboración se completa con las derivaciones recogidas en el acuerdo marco quirúrgico. Es decir, además de ingresar a pacientes que precisan continuar con su hospitalización, también contribuye a rebajar la lista de espera quirúrgica, asumiendo una parte de las intervenciones en cola. De tal forma que de los 10 millones al año que destina el presupuesto de Sanidad a los conciertos con instituciones privadas de atención especializada, el grueso tiene como destinatario, por una vía u otra, el hospital de la Orden de San Juan de Dios.

El resto se reparte entre el concierto suscrito con el Centro Hospitalario Padre Menni por estancias psiquiátricas y otros de menor entidad, como los de la Mutua Montañesa, el Hospital Virgen de la Paloma, la Clínica Los Lagos, Aluak y la clínica Quirón de Bilbao. Para el Igualatorio Médico, que en 2017 acaba de renovar las instalaciones de la Clínica Mompía con inversión de más de 8 millones de euros, la licitación suponía una gran oportunidad.