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En el auto en el que decreta la prisión provisional comunicada y sin fianza para B.R. G., el presunto agresor del celador ... y el médico residente en el centro de salud de Los Castros, el titular del Juzgado de Instrucción Nº4 de Santander, Luis Enrique García Delgado, lanza un duro reproche al Gobierno de Cantabria ante la falta de seguridad de los sanitarios públicos. «Son relativamente frecuentes las denuncias por agresiones, insultos o amenazas a profesionales de la salud integrados en el SCS (Servicio Cántabro de Salud), que no olvidemos que en cuanto funcionarios públicos tienen una protección reforzada en la Ley penal (artículo 550 del Código Penal)», apunta el magistrado. «No obstante –continúa– nada se ha hecho por garantizar la seguridad y salud de las personas que prestan un servicio tan esencial como este, relacionado con la protección de la salud de la ciudadanía, principio que proclama como rector de la política social nuestra Constitución (artículo 43)».
Desde que el pasado 5 de mayo se produjo la salvaje agresión a los sanitarios de Los Castros –a uno de ellos le puede costar la pérdida de un ojo–, este magistrado ha seguido con todo detalle las informaciones que este periódico ha publicado al respecto. Y, aunque siempre se mantiene lejos del foco mediático, en este caso ha querido hacer una excepción debido a la magnitud de esta problemática. «El planteamiento de poner las cámaras sirve de poco porque no pueden estar en el interior de las consultas ni en determinados lugares. Pueden estar en los accesos, en los pasillos... Con lo cual, arreglamos poco», cuestiona.
Pero si hay algo que no ha encajado bien ha sido el llamamiento que realizó este jueves el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, a los cuerpos de seguridad y a los jueces para que «sean implacables» contra este tipo de agresiones a quienes «están para cuidarnos».
El titular del Juzgado de Instrucción Nº4 de Santander cree que «el Gobierno de Cantabria es el primero que tiene que proteger a los profesionales integrados en el Servicio Cántabro de Salud». Y lo que debería hacer, en su opinión, es «contratar personal de seguridad para los centros de salud». «Verás como esto se rebaja en cuanto haya dos seguratas en la puerta a los que puedas llamar en cuanto la gente empiece a elevar la voz, que es lo que hago yo. A la primera reprendo, a la segundo le echo, y como no se atenga a lo que le digo, vienen dos agentes de seguridad. Pero eso no lo tiene el personal sanitario. Eso es lo que deben plantear, vigilancia física, porque si no estos señores (los sanitarios) seguirán comprometidos».
García Delgado recuerda el caso de una señora con un problema mental al que no le daban la baja y se presentó con una pistola en el consultorio, que al final resultó ser de juguete, de un bazar chino. «Tampoco tenía más recorrido pero a la médico la asustó», apunta el magistrado, que anualmente tramita no menos de cinco casos de este tipo. «Y somos cinco juzgados en Santander», ilustra.
Para este magistrado, «lo fundamental es que esto no pase, y esto no pasa si se invierte en seguridad». «De momento, este joven está en un centro penitenciario», afirma tras descartar que se haya visto influenciado por la presión mediática. «Lo que hay que evitar es que ocurran este tipo de salvajadas, no que se sancionen mucho. Es lo principal. Y no depende de los jueces implacables, sino de los gobernantes, porque son sus médicos, que están integrados en el Servicio Cántabro de Salud y lo que tienen que hacer es protegerlos». García Delgado cree que «hay que avanzar y mejorar como sociedad, hay que prevenir y evitar que tenga que actuar el Derecho Penal».
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