El juez sienta en el banquillo al acusado del triple atropello mortal de Suesa

El instructor del caso ha emitido un auto hace unos días en el que da por cerrada la instrucción y remite el caso a la Audiencia Provincial de Cantabria para su enjuiciamiento. En dicha resolución el juez ratifica las medidas cautelares adoptadas durante la instrucción, por lo que el investigado permanecerá en prisión hasta la celebración del juicio. No obstante, esta decisión no es firme, ya que las partes puede recurrir en reforma o apelación la situación personal de acusado.

Hace apenas unos días este periódico avanzó que el fiscal solicitaba seis años de cárcel, la retirada del carné de conducir y una indemnización para los familiares de los fallecidos que suma 601.684 euros a Jaime Acebes (73 años), el autor del atropello en el que perdieron la vida Erika Rey (42 años) y su hijo Ethan (19 años), vecinos de Sestao (Vizcaya), y María Teresa Ramos (68 años), vecina de La Rioja, mientras paseaban cerca del camping en el que se alojaban el 4 de abril de 2023.

El representante del Ministerio Público considera al acusado, que se encuentra en prisión provisional desde agosto del año pasado, autor de tres delitos de homicidio por imprudencia grave en concurso con un delito contra la seguridad del tráfico por conducción bajo la influencia del alcohol y otro delito de conducción temeraria. Hechos por los que también interesa la retirada del carné de conducir durante nueve años años, lo que supone la pérdida definitiva del permiso de conducir.

El escrito de calificación provisional de la Fiscalía llega semanas después de que las acusaciones particulares presentaran los suyos, interesando una pena superior de nueve años de cárcel y trece de retirada del carné de conducir. Se trata de la pena máxima por imprudencia grave conforme al artículo 142 bis del Código Penal, que permite al juez imponer una pena de hasta nueve años de prisión en caso de un número de fallecidos muy elevado, causados por la imprudencia en la conducción de vehículos a motor. Esto supone subir dos grados la pena respecto al delito de imprudencia grave que comprende entre uno y cuatro años de prisión. En cambio, el fiscal plantea la subida del homicidio imprudente en un grado, que según el artículo 142 bis es cuando se provoca la muerte de dos o más personas o la muerte de una y lesiones en los demás.

En concepto de responsabilidad civil, la familia de una de las fallecidas solicita una suma total de 336.373 euros, mientras que la de la madre y el hijo fallecidos reclama 628.389 euros. Teniendo en cuenta esto, el juez acuerda en su auto que el acusado y su aseguradora presten una fianza de 1,1 millones de euros, con el fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias y civiles que puedan imponerse en sentencia.

Una vez que el instructor ha abierto juicio oral, la defensa del investigado ahora debe aportar su escrito. Finalizado este trámite, el Juzgado remitirá las actuaciones a la Audiencia Provincial de Cantabria para su enjuiciamiento.

📲 Sigue el canal de El Diario Montañés en WhatsApp para no perderte las noticias más destacadas del día.