La jueza acuerda que el abogado de los constructores represente también a Vox

En una providencia emitida el pasado 15 de marzo, a la que ha tenido acceso El Diario Montañés, la magistrada da cuenta de la personación de la APC y Vox al haber prestado la fianza exigida de 4.000 euros, «pudiendo, de conformidad a lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, intervenir en las actuaciones bajo una misma dirección y representación, que será la correspondiente a la Asociación de Constructores al ser la primera compareciente en el procedimiento interesando su personación mediante escrito del pasado 2 de marzo».

Con esta decisión la instructora pretende evitar «dilaciones indebidas» en la presente causa con preso y «la reiteración de trámites, recursos y diligencias».

Frente a esta resolución cabe la posibilidad de presentar recurso de reforma en el plazo de los tres días siguientes a su notificación y tanto la Asociación de Constructores como Vox ya han decidido que recurrirán esta resolución. Ambos prefieren estar personados en el proceso con sus respectivos abogados y procuradores, según han puesto de manifiesto en declaraciones a este periódico.

En el caso de los constructores, esta resolución llega después de que la propia instructora desestimase la petición de este colectivo para ejercer la acusación particular, al entender que «carece de la condición de perjudicada en los delitos contra la Administración pública que están siendo investigados, al no ostentar la condición de perjudicada y ofendida directa en los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y fraude en la contratación».

No obstante, la instructora recordó en un auto que la asociación está legitimada a ejercitar la acción popular, y el colectivo reaccionó rápido tramitando su personación por esa vía.

«Estamos en contra de las actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico, vengan de donde vengan», apuntaron los constructores cuando decidieron personarse en la causa el 1 de marzo. El colectivo puso entonces de manifiesto su preocupación por «el fracaso de los sistemas de alerta para detectar este tipo de supuestos», que vienen recogidos tanto en la Ley de Contratos del Sector Público como en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de febrero de 2014. Asimismo, expresó su malestar por «el daño material y social» que estas prácticas causan al conjunto de las empresas, al sector, a la economía y a la sociedad.

A la espera de conocer con detalle el contenido de todo el sumario, la APC ha decidido no realizar más manifestaciones.

Por su parte, Vox anunció en el Parlamento regional que se personaba en la causa porque considera que «debe ayudar a la sociedad cántabra a entender lo que ha pasado». «Cantabria no se merece un Gobierno corrupto», aseveró.

Tras este trámite, las acusaciones en el caso quedan integradas, por el momento, por la Fiscalía (acusación pública), el Gobierno de Cantabria (acusación particular) y la Asociación de Promotores y Constructores y Vox (acusación popular). Como defensas quedan la del funcionario, la de su mujer y sus dos hijas, la de los cuatro empresarios que fueron detenidos y puestos en libertad con cargos, y las de sus respectivas sociedades como persona jurídica.