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A mediados del pasado mes de junio, cuando todavía no tenía en sus manos el informe final y desconocía cuando se lo entregarían, la magistrada Compostizo programó para mediados de julio y el mes de septiembre (agosto es un mes inhábil en los juzgados, con ... excepciones) las declaraciones de los investigados. Sin embargo, esa previsión quedaba supeditada a que la UDEF y Vigilancia Aduanera entregaran sus conclusiones finales.
Teniendo en cuenta que no fue hasta principios de julio cuando las partes del proceso recibieron el denso documento, la instructora ha decidido aplazar hasta mediados de septiembre las comparecencias de los implicados en el caso, cuyos abogados han pedido un margen de tiempo (estamos en periodo vacacional para ellos) para poder estudiar el informe.
En el momento de su detención en febrero de 2023, el funcionario –que ingresó en prisión durante seis meses–, su mujer y sus dos hijas, además de los cuatro empresarios implicados, se acogieron a su derecho a no declarar, siguiendo las indicaciones de sus letrados y a la espera de conocer al detalle los cargos por los que están investigados. Ahora que ya los conocen, tendrán que decidir si rompen su silencio y, en caso de hacerlo, qué versión de los hechos ofrecerán a la jueza.
Hasta ahora, lo que El Diario Montañés ha podido saber es que la defensa del funcionario ha presentado dos periciales al objeto de justificar todo su patrimonio, en las que menciona, entre otras cuestiones, que se acogió a la «amnistía fiscal». Sin embargo, desde Vigilancia Aduanera ya han respondido a esas dos periciales, manteniendo sus tesis iniciales.
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