Otra jueza inadmite la denuncia contra el jefe de la Guardia Civil por no investigar un incidente en un prostíbulo

En la misma línea que su compañero Jaime Parra, titular del Juzgado de Instrucción Nº1 de Santander, Compostizo cree que el coronel no es autor del delito que denuncia el colectivo de agentes, que ya ha avanzado a este periódico que recurrirá la decisión de la instructora, porque, según sostienen, el jefe de la Benemérita ha aportado una actuaciones llevadas a cabo en «primavera», cuando el incidente en el prostíbulo tuvo lugar en diciembre de 2022. Fue en ese momento, y no meses después, cuando entiende la Unión de Oficiales que se tenían que haber abierto la investigación frente al agente que protagonizó el citado incidente.

Sin embargo, la jueza señala que «no puede sostenerse que se haya incumplido el deber de perseguir delitos, cuando lo acontecido es que las gestiones realizadas no han permitido la identificación del posible autor». Según detalla en su auto, tal y como se desprende de la documentación aportada por la Comandancia de la Guardia Civil, «a diferencia de lo manifestado por la asociación denunciante en el escrito de denuncia, sí se han llevado a cabo acciones investigadoras del incidente». En este sentido, indica que a lo largo de la pasada primavera se realizaron indagaciones que por falta de resultado positivo quedaron paralizadas, y que las mismas se reactivaron en verano tras recibirse un correo anónimo con datos que luego resultaron ser incorrectos.

Por tanto, añade la resolución que las investigaciones realizadas «no han fructificado en la identificación de la persona supuesta autora de tales hechos». Y subraya, en este punto, la «actitud obstativa o frontalmente contraria de quienes relatan el hecho a aportar datos que permitan identificar al supuesto agente autor del referido delito».

Por otro lado, la magistrada explica en su auto que el delito de omisión del deber de perseguir delitos exige como requisitos: que el sujeto sea autoridad o funcionario público, que tenga entre sus funciones la de perseguir delitos, que conozca la perpetración del delito, y que omita su persecución, una omisión que debe ser «patente, manifiesta, total y de carácter doloso». Pues bien, en este caso «la existencia de una omisión del cumplimiento de sus funciones por parte de los denunciados, que debe ser patente, manifiesta, total y de carácter doloso, es evidente que no concurre, por los motivos ya expuestos, motivos que impiden la admisión a trámite de la denuncia presentada atendida la falta de tipicidad penal de los hechos que en la misma se relacionan».

Finalmente, señala la magistrada que la denuncia en ningún caso podría ser admitida, dado que no se ha interpuesto querella, necesaria para el ejercicio de la acción popular. El auto no es firme, ya que contra el mismo cabe la interposición de un recurso de reforma, ante el mismo órgano, o bien de apelación, que resolvería la Audiencia Provincial de Cantabria.

Como ya informó este periódico el pasado 28 de septiembre, la Unión de Oficiales interpuso dos denuncias a raíz del supuesto incidente que protagonizó el pasado otoño un agente que acudió a un conocido club de alterne, «entró en una de las habitaciones con una mujer y poco después habló con uno de los responsables del local y, tras identificarse como guardia civil, reclamó que le devolvieran los 50 euros porque no estaba conforme con los servicios prestados».

Al parecer, el coronel de la comandancia «zanjó el asunto sin sancionar a este agente» y, tras hacerse eco de estos supuestos hechos a través de varias noticias en prensa nacional, este colectivo decidió poner dos denuncias. La primera por omisión del deber de perseguir delitos al no instruirse el atestado ni abrir expediente interno al agente implicado desde la propia Benemérita, dirigida frente al coronel y ante la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones (en caso de que conociese los hechos); y otra por presunto delito de extorsión por la actitud del agente, al valerse de su condición de guardia civil.

La primera de las denuncias recayó en el Juzgado de Instrucción Nº5 de Santander, que ahora ha sido archivada; y la segunda, en el de Instrucción Nº1. Sin embargo, en un auto de 11 de septiembre de este último órgano, el juez Jaime Parra acordó el archivo haciendo alusión a la denuncia que no había caído en su juzgado, sino en el de su compañera Compostizo. De ahí que los denunciantes hayan decidido presentar recurso de reforma.

La semana pasada, fuentes del TSJC aclararon a este periódico que el Juzgado de Instrucción Nº1 recibió «por error» la denuncia que afecta al jefe de la Benemérita, y «se está actuando para solventar esta confusión». De tal forma que el Juzgado de Instrucción Nº 1 tramitará la denuncia por supuesta extorsión y el Nº5 la de la omisión del deber de perseguir delitos.