Una jueza considera errónea la tramitación de La Pasiega y abre las dudas sobre su futuro

Fue en abril de 2022, en la pasada legislatura, cuando el Consejo de Gobierno del bipartito PRC-PSOE aprobó el PSIR de La Pasiega. Dos semanas después publicó su decisión en el BOC, acompañado por su índice y un enlace a la web externa del Ejecutivo regional donde se podía consultar íntegramente el documento. Es decir, en ningún momento el contenido completo del PSIR se publicó oficialmente en el BOC, como es práctica habitual con este tipo de normas, tal y como marca la ley y multitud de jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El pasado otoño, cuando se hicieron públicas las denuncias de algunos afectados por las expropiaciones, fuentes internas y especializadas del actual Gobierno de Cantabria (PP) ya señalaron a El Diario Montañés que la tramitación del PSIR había sido «a todas luces irregular, ya que una normativa de este tipo necesita de su publicación completa en el BOC para que entre en vigor».

Y eso es lo que ha confirmado ahora en su sentencia la magistrada Ana Rosa Araujo, del Contencioso Administrativo Nº3 de Santander. Según recoge en su fallo, los PSIR «tienen carácter normativo», por lo que «no puede eludirse su publicación». «El contenido íntegro del acuerdo debe publicarse en el BOC (...). La remisión a una página web no puede entender que colme el requisito de publicidad», continúa la sentencia.

La jueza se apoya, además, en multitud de jurisprudencia del Tribunal Supremo, como la de enero de 2019, en la que subraya que este tipo de normas urbanísticas «no entran en vigor hasta que no se haya publicado completamente su texto en el boletín correspondiente».

Por tanto, Ana Rosa Araujo dictamina que la validez del PSIR «no se ve afectada, pero sí su eficacia». Es decir, no entra a juzgar si el plan es correcto o no, pero sí deja claro que no ha entrado en vigor pese a que el Gobierno de Cantabria lo da por hecho desde hace dos años.

La magistrada coincide, punto por punto, con los argumentos de los demandantes, un grupo de afectados por las expropiaciones de los terrenos en los que se levantará el futuro polígono. «No se está poniendo en entredicho la validez o no del PSIR, solo que no ha entrado en vigor por falta de publicación. Jurídicamente no existe», señalan en sus alegaciones. Y ponen como ejemplo el supuesto de que los planes generales o las ordenanzas fiscales de los ayuntamientos no se llevaran al Boletín y se publicaran válidamente en las webs municipales: «No sabríamos cuál es el día que se publican ni el día que se modifican o se derogan».

Al aprobarse el PSIR, se cambió la etiqueta de los suelos de rústicos a urbanos y el IBI se encareció notablemente, por lo que alguno de esos propietarios pagó casi el doble de factura en 2023 en comparación con el año anterior. Ellos alegan que al no haberse publicado el PSIR íntegramente, sus terrenos siguen siendo rústicos y, por tanto, exigían la devolución de lo pagado de más.

El alcance de la sentencia se limita, por tanto, a que el Ayuntamiento de Piélagos tendrá que desembolsar lo que les cobró de más. Sus terrenos siguen siendo rústicos, por lo que no pueden formar parte del proyecto del polígono hasta que no se arregle esta situación. Pero, sin duda, este fallo judicial abre la puerta a las dudas sobre el futuro del polígono, ya que existen otros dos procesos judiciales abiertos que podrían tener un impacto más directo en el proyecto estrella de Miguel Ángel Revilla la pasada legislatura si los jueces coinciden en sus fallos.

Algunos de los expropiados en la primera fase del plan fueron los primeros en llevar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) el pasado mes de septiembre. Esta causa sigue abierta, aunque el juez denegó las medidas cautelares que los afectados pedían hasta que hubiera sentencia. Es decir, permitió a la obra seguir en marcha.

La segunda de las demandas restantes ataca directamente al fondo del PSIR. Es la única que pone en tela de juicio la validez de su contenido y no solo su vigencia.

Tanto el Gobierno de Cantabria como la empresa encargada de las obras de La Pasiega, la UTE Vías y Construcciones-SIEC, creen que cualquier demora derivada de una sentencia contraria tendría un impacto importante en el proyecto. El Ejecutivo cuantifica en 2.345 euros el sobrecoste económico por cada mes de retraso durante el primer año, y de 5.096 euros si se produce durante el segundo año de los trabajos. Por su lado, la empresa alega que las fincas aludidas suponen «un camino crítico de la obra».

A nivel político, este asunto empezó a moverse en el Ayuntamiento de Piélagos, donde AVIP llegó a presentar una moción para reclamar la eliminación de las liquidaciones tributarias a los afectados. Habrá que ver cuáles son los próximos pasos, tanto en el Gobierno como en los juzgados, y si la solución es tan sencilla como publicar íntegramente ahora, dos años después, el PSIR en el Boletín Oficial.

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