La jueza desestima la petición de los constructores de ejercer la acusación particular

Según han informado a El Diario Montañés fuentes cercanas a la investigación, en un auto del pasado 7 de marzo, la instructora acuerda la inadmisión del colectivo de constructores en la causa como acusación particular al «carecer de la condición de perjudicada en los delitos contra la administración pública que están siendo investigados, al no ostentar la condición de perjudicada y ofendida directa en los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y fraude en la contratación».

No obstante, la instructora recuerda que la asociación está legitimada a ejercitar la acción popular, tal y como lo ha solicitado el grupo parlamentario Vox, que está a la espera de una respuesta por parte de la jueza.

Fuentes del colectivo confirman a este periódico que ya han presentado la solicitud para ejercer la acusación popular.

Fue el pasado 1 de marzo cuando la junta directiva de la APC acordó personarse en este caso «al estar en contra de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico, vengan de donde vengan». El colectivo puso entonces de manifiesto su preocupación por «el fracaso de los sistemas de alertas para detectar este tipo de supuestos», que vienen recogidos tanto en la Ley de Contratos del Sector Público como en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de febrero de 2014. Asimismo, los representantes de los constructores cántabros expresaron su malestar por «el daño material y social» que estas prácticas causan al conjunto de las empresas, al sector, a la economía y a la sociedad.

«La realidad es que han acontecido hechos no deseados, de los que, sin duda, se deriva un inexorable detrimento patrimonial, que debe tener uno o varios responsables», señaló la asociación, que recordó que «el nacimiento de la responsabilidad, incluso por el hecho ajeno, es una constante en nuestro ordenamiento jurídico».