Una jueza falla que el Colegio de Abogados vulneró «la libertad ideológica» al pronunciarse contra la amnistía

La titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº3 de Santander, Ana Rosa Araujo, ha estimado el recurso presentado por un grupo de abogados al considerar la actuación del órgano colegial «una vulneración a la libertad ideológica, de expresión y asociación». En una sentencia dada a conocer ayer y contra la que cabe recurso de apelación, la magistrada considera que el posicionamiento contra la amnistía de la entidad supone «una toma de posición política pública y oficial, sobre cuestiones muy controvertidas, fuera de la neutralidad que debe presidir su actuación sin que pueda ampararse en la gestión de la profesión, que no justifica».

Es más, da un paso más y asegura que «dichos derechos y libertades no pueden ser ejercidos colectivamente por una corporación pública de afiliación obligatoria», ya que la colegiación es imprescindible para poder ejercer la abogacía en España. «No puede exigirse a nadie que asuma una ideología como condición para el ejercicio de una profesión», concluye el escrito.

Por todo ello, la jueza obliga al Colegio de Abogados a retirar el acuerdo de su página web y sus perfiles de redes sociales, así como a comunicar a todos los colegiados y a publicar en ambos espacios el fallo de la sentencia.

Entre los abogados firmantes de este recurso –algunos de ellos ejercen la profesión y otros no– figuran cargos políticos y personalidades vinculadas al Partido Socialista en la región, entre ellos la actual delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, y el concejal y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández. Entre los profesionales que presentaron el recurso también se incluye la exalcaldesa socialista de Molledo Teresa Montero; el exportavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Santander, Miguel Saro, y el expresidente del Consejo Económico y Social (CES), Javier Gómez-Acebo.

En la sentencia, la jueza diferencia entre los ejercientes y los no ejercientes, y únicamente admite la reclamación de los que aún están en activo por entender que el resto carece de legitimación activa para ello.

La resolución del Colegio de Abogados de Cantabria fue emitida el pasado 10 de noviembre a través de cuatro puntos en los que la entidad dejaba clara su posición respecto al pacto de socialistas e independentistas en el marco de las negociaciones para investir como presidente del Gobierno a Pedro Sánchez.

El acuerdo se produjo en un contexto de crispación política y ciudadana en el que hubo una cascada de comunicados de asociaciones profesionales de todo el país para mostrar el rechazo a los pactos de investidura. Ante esta declaración, un grupo de abogados decidió presentar el recurso, para el que la Fiscalía pidió su desestimación, al considerarlo «una inadmisible interferencia en el debate político» y una «clara asunción de una opción ideológica y política determinada».

La jueza expone ahora en la sentencia que la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados se pronuncia «no solo respecto a la incorporación de un acuerdo que posibilite la revisión de la labor de los tribunales, sino genéricamente respecto al contenido de todo el acuerdo» político. Además, incide en que se hace de forma «subjetiva». Así, entiende que el documento emitido por el órgano colegial es «estrictamente político» y trata «cuestiones muy controvertidas, con opiniones respecto al mismo enfrentadas en la sociedad y generador de discrepancias entre los propios colegiados».

También hace hincapié en el escrito en que el acuerdo fue difundido a los medios de comunicación y a través de una circular, además de publicado en su página web y redes sociales, por lo que la jueza concluye que «dichas características impiden considerarlo como una mera declaración institucional carente de eficacia».

El decano del Colegio de Abogados de Cantabria, Andrés de Diego, declinó ayer valorar la resolución judicial y aseguró que será la Junta Directiva la que decida si el órgano recurre o no la sentencia, contra la que cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

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