La jueza llama a declarar al funcionario de Obras Públicas y al resto de investigados

Cuando el pasado mes de abril la instructora prorrogó por seis meses la instrucción, lo hizo a la espera de recibir el informe que analiza el numeroso material informático intervenido en las diferentes diligencias de entrada y registro que se practicaron el pasado año; y también el informe final del grupo policial que realizó esas operaciones, con las correspondientes diligencias de imputación de los investigados, a la vista del resultado de las diligencias practicadas. El primero de esos informes ya lo recibió hace unas semanas y queda pendiente el final.

Desde entonces, la defensa del principal investigado en la causa, el exjefe de Carreteras, Miguel Ángel Diez, ha presentado dos informes periciales económicos en los que justifica el patrimonio del funcionario y sobre los que también tienen que informar la UDEF.

Con toda esa documentación, la instructora ya está en condiciones de avanzar con la investigación y tomar declaración a todos los implicados, que hasta el momento han guardado silencio a la espera de conocer todo lo que hay contra ellos, y que, una vez conozcan los cargos que se les imputa, pondrán en marcha su estrategia procesal.

El pasado jueves, 22 de febrero, se cumplió un año desde que la macrooperación del 'caso Obras Públicas' estallara con la detención de ocho personas y el registro de la Consejería que presidía el regionalista José Luis Gochicoa, las sedes de las cuatro empresas implicadas (La Encina, Cannor, Rucecan y Api Movilidad) y de los domicilios de los implicados.

Pasado ese tiempo, todavía queda un largo camino para conocer la consecuencias judiciales que tendrá una trama vinculada a la obra pública sin precedentes en Cantabria y que descabezó a la Consejería de Obras Públicas, puesto que el expresidente Miguel Ángel Revilla se vio obligado a sacrificar a su «mejor hombre», el consejero José Luis Gochicoa, y al director general de Obras Públicas, Manuel del Jesús.

Aunque en febrero se cumplió el primer aniversario de las detenciones y el registro de sedes, la investigación nació un año antes, en marzo de 2022. La Delegación de la Agencia Tributaria en Cantabria recibió una denuncia anónima en la que se alertaba de la posible participación de un alto funcionario del Ejecutivo regional en la manipulación de adjudicaciones de contratos de obra pública. «Mediante la emisión de informes técnicos y su participación en las mesas de contratación, esta persona habría logrado que una serie de empresas resultaran adjudicatarias de los contratos», advertían. A raíz del aviso, los investigadores de la AEAT detectaron indicios de un enriquecimiento económico del núcleo familiar más cercano del funcionario.

Tras las primeras actuaciones, la AEAT formó un equipo conjunto con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y se judicializó la investigación, que desde ese momento dirige la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, Mercedes Compostizo. Ya en un primer momento, la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la AEAT pudo determinar que la familia del funcionario había experimentado un importante incremento de patrimonio no justificado durante el periodo comprendido entre 2013 y 2022, que se puede estimar en varios millones de euros. Si bien hay otro informe patrimonial que se remonta al año 2003 y también apunta a incrementos patrimoniales de la familia Diez-Del Río procedentes de pagos de una veintena de empresas.

«El alto funcionario intervenía en la preparación de ofertas de licitadores concretos, emitiendo, presuntamente, una valoración arbitraria de los criterios subjetivos de valoración de ofertas y expulsando a otros potenciales licitadores. Para ello, modificaría precios, negociaría los términos de las licitaciones con empresas concertadas y haría uso de información privilegiada».

De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo, el principal implicado en la trama, conjuntamente con su entorno familiar, «habría diseñado una estrategia para introducir en el circuito legal del dinero las importantes cantidades que recibía, previsiblemente, en forma de comisiones ilegales». Adicionalmente, los investigadores pudieron constatar que el citado entorno familiar disfrutaba de «diversas dádivas (regalos)» y de «un vehículo cuyo contrato de renting era abonado por una de las empresas que resultaba adjudicataria de contratos de obra pública, Api Movilidad, en cuyos informes técnicos participaba directamente el investigado».

La fase en la que «explotó» la operación se concretó ese 22 febrero de 2023 con la detención de los ocho investigados: Miguel Ángel Díez, su mujer Beatriz del Río, sus hijas Cecilia y Sofía, y los empresarios Secundino Vidal Celis (administrador único de Rucecan), Elías Celis (apoderado de Rucecan), José Saiz (administrador único de Cannor y La Encina), y José Luis Blanco (apoderado de Api Movilidad e Imesapi). Durante los registros realizados ese día, los investigadores hallaron en la vivienda del cabecilla de la trama lo más llamativo: 530.000 euros en una caja fuerte y una máquina de contar dinero (el resto de documentación incautada es la que se sigue analizando en estos momentos).

Cuando pasaron a disposición judicial, los ocho implicados se acogieron a su derecho a no declarar (y desde entonces no han roto su silencio). Entonces, la instructora acordó el ingreso en prisión provisional del jefe de Carreteras y dejó al resto de implicados en libertad con cargos.

El jefe de Carreteras recurrió el auto de prisión, pero tanto ella como, posteriormente, la Audiencia Provincial lo desestimaron al considerar que en ese momento, mediados de marzo, seguía existiendo riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, como así consideraron las acusaciones del caso (el fiscal, el Gobierno de Cantabria, la Asociación de Constructores y Vox -que se apartó del caso en octubre-).

De forma paralela al proceso judicial, el caso abrió una crisis en el PRC que se saldó con las dimisiones de Gochicoa -que recibió un homenaje cargado de polémica- y de Del Jesús, que posteriormente se reincorporó a la Consejería hasta que el PP accedió al Gobierno. Hubo una tercera víctima política: el subdirector general de Carreteras, Sebastián Martín, que fue destituido tras conocerse que se había citado en el Celler de Can Roca con el funcionario y dos de los empresarios implicados.

Tras acceder al sumario del caso, El Diario Montañés desveló tanto los informes patrimoniales confeccionados por Vigilancia Aduanera como los seguimientos y conversaciones intervenidas al funcionario y su mujer, de las que se desprendía el 'modus operandi' de Diez. En la mayoría de esas llamadas -en las que nunca hablan de las supuestas mordidas- se escucha al funcionario concertar la adjudicación de las obras con los empresarios implicados en la trama. «¿El pliego del puente de Pontejos lo saco igual o con cambios?», le pregunta Diez al gerente de API Movilidad en una llamada que se produjo el 2 de enero de 2023. «Haz un apaño por ahí y presenta bien la documentación», indicaba el funcionario a otro de los implicados, Secundino Vidal Celis, en otra conversación.

También hay escuchas que afectan a la mujer del funcionario, en la que ponen en evidencia que no tenía actividad laboral alguna pese a que estaba en nómina y recibía una retribución de una de las empresas implicadas, La Encina. «Estoy más aburrida que la una, tengo todo el tiempo del mundo», le dice a una de sus dos hijas en una llamada que se incluye en el sumario, donde también hay un seguimiento en el que los investigadores confirman que Del Río no trabaja, ni siquiera en la supuesta empresa de fotocopias (la que usaba la familia para recibir esas comisiones que luego blanqueaban).

En el mes de mayo, el funcionario, que posteriormente cambió de abogado, avanzó a la jueza que estaba elaborando un informe económico con el que pretendía demostrar que el origen del dinero y sus bienes «no tiene conexión con los hechos». Y un mes después la juez rechazó la petición del Gobierno de Cantabria para prohibir la contratación de las cinco empresas investigadas en una decena de expedientes pendientes de adjudicación. Decisión que ratificó posteriormente la Audiencia.

El 4 de septiembre, la instructora puso en libertad al funcionario con la condición de que no abandonara el país y que se presentara de forma periódica ante el juzgado. La jueza entendía que ya no existía el riesgo de fuga y que la documentación recabada para investigar las presuntas irregularidades ya era suficiente y tampoco había riesgo de destrucción de pruebas. Una vez que quedó libre, Diez reclamó incorporarse a su trabajo, pero otro juez lo rechazó y ahora se está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria se pronuncie al respecto.