La jueza llama a declarar al otro técnico que tramitaba contratos con el funcionario de Carreteras

Las últimas testificales que ha acordado la instructora, según han confirmado a El Diario Montañés fuentes cercanas a la investigación, son la del compañero de Diez que también tramitaba los expedientes de contratación del servicio de Carreteras y las de los miembros de la Mesa de Contratación de las obras que están siendo objeto de la investigación. Todos ellos tendrán que comparecer ante la instructora el próximo 6 de julio.

Hasta ahora, lo que la instructora conoce es el sistema que tenía montado la familia Diez-Del Río, primero, para favorecer a las empresas que optaban a las obras licitadas por el Gobierno de Cantabria y, después, para blanquear el dinero que recibían (las mordidas) a cambio de esas adjudicaciones.

¿Cómo beneficiaba el funcionario a ciertas empresas? Diez figuraba como responsable del contrato o como facultativo director del contrato de consultoría; era miembro de la Mesa de Contratación, actuando como vocal representante del órgano de contratación; era responsable, además, de pronunciarse sobre el cumplimiento de las condiciones de adjudicación, de la identificación de ofertas anormalmente bajas; y se encargaba también de elaborar los informes sobre la justificación de dichas ofertas desproporcionadas o temerarias o sobre la modificación de precios de los contratos.

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Una vez que se adjudicaban las obras, las empresas procedían al pago de las correspondientes «comisiones», tal y como recoge el informe patrimonial de la Agencia Tributaria, que diferencia dos periodos de tiempo: desde 2003 a 2011 (hechos que habrían prescrito al transcurrir diez años) y de 2012 en adelante, que es en lo que se centra la investigación judicial.

¿Cómo pudo maniobrar de esa forma el funcionario durante tantos años sin que el resto de compañeros se diera cuenta? ¿Alguno de ellos lo sabía y ha guardado silencio todo este tiempo? ¿O es que su presunta trama estaba tan bien montada que era ajena al resto de integrantes de la Consejería de Obras Públicas? Son algunas de las cuestiones que todavía siguen sin respuesta.

Juntos a estos testigos, está citada para declarar un día después, el 7 de julio, una empleada de API Movilidad (empresa que está implicada en la trama) que aparece en alguna de las conversaciones intervenidas por la Policía Nacional meses antes de que estallara la operación con la detención de las ocho personas investigadas y los registros en la Consejería de Obras Públicas, en domicilios particulares y en las sedes de las empresas que están inmersas en la causa.