La jueza niega la libertad al funcionario: «El importante riesgo de fuga subsiste»

«Debe procederse a la desestimación de la solicitud, confirmando íntegramente el auto de prisión provisional de fecha 24 de febrero, cuyos fundamentos no han sido desvirtuados y acogiendo, además, los fundamentos de la Audiencia Provincial (Sección Primera) en su auto de 16 de marzo (que ratificó la prisión provisional)».

Según la instructora de esta causa, el «importante riesgo de fuga apreciado en el investigado subsiste». «En este particular, como ya puso de manifiesto la Audiencia Provincial, existe un importe peligro de fuga y de que el investigado Miguel Ángel Diez pueda sustraerse de la acción de la justicia, una vez traspasadas las fronteras nacionales, al haber demostrado la actitud para ser titular de cuentas bancarias en un país extranjero, riesgo que aparece incrementado por las importante cantidades económicas que eran manejadas por su entorno familiar y la gravedad de las penas que se le pudieran imponer por los delitos investigados».

En relación a este último extremo, la jueza pone de manifiesto que los indicios de comisión delictiva del funcionario «se han visto reforzados» con las diligencias practicadas hasta ahora, destacando el informe de análisis de la documentación aportada por la asesoría con la que trabaja el exjefe de Carreteras. «En él se pone de manifiesto, una vez analizada la documentación aportada por dicha asesoría y el resto de las investigaciones realizadas, el carácter absolutamente ficticio de las actividades de fotocopias y de intermediación inmobiliaria que fundamentan los ingresos imputados por algunas de las mercantiles investigadas al entorno familiar y mercantil de Miguel Ángel Diez, tratándose de actividades declaradas por el entorno familiar del investigado y orientadas al blanqueo de capitales». Todo ello según las investigaciones llevadas a cabo por la Agencia Tributaria.

Además, la instructora considera que la medida cautelar adoptada –la de prisión provisional– resulta «necesaria» para evitar que el investigado pueda actuar «ocultando o destruyendo medios de prueba, toda vez que, al día de la fecha, se encuentra pendiente del análisis de la documentación intervenida en las distintas diligencias de entrada y registro, así como el análisis de los soportes informáticos y dispositivos electrónicos intervenidos». La jueza insiste en que se trata de una «causa muy compleja», que requiere de los investigadores una importante labor de estudio y de análisis de una ingente documentación y de numerosos dispositivos informáticos.

Por todos estos motivos, la magistrada Compostizo mantiene la prisión preventiva al investigado al «no haber desaparecido», a diferencia de los manifestado por la defensa en su escrito, las circunstancias tenidas en cuenta en su día para la adopción de esta medida, «y sin que existan, en el momento presente, otras medidas menos gravosas que permitan evitar el importantísimo peligro de fuga y de ocultación o destrucción de pruebas, riesgo este último que supondría alterar el normal desarrollo de la presente y compleja instrucción».

Todo ello a pesar de que la defensa alegó que no hay riesgo de fuga, entre otros motivos, porque Diez tiene sus cuentas intervenidas. Además, apuntaba que con la pensión que le pasan de 3.500 euros al mes a su familia –llegaron a pedir 5.000, pero la jueza lo rechazó– «queda demostrado que su situación económica es difícil».

Por otro lado, la defensa sostenía que no hay riesgo de destrucción de pruebas ya que tras los tres meses que su cliente lleva en la cárcel «ha dado tiempo suficiente para asegurar las pruebas aportadas». «Y tampoco riesgo de reiteración delictiva».