La jueza permite a la familia del funcionario retirar 3.500 euros al mes de una de las cuentas bloqueadas

Estas tres últimas se libraron de entrar en prisión, pero se quedaron con lo puesto. Por eso, el abogado de Diez remitió un escrito a la instructora en el que solicitaba que el embargo y bloqueo se limitase a «lo estrictamente necesario» con aquella cantidad que cubra la responsabilidad civil a exigir, levantando la traba al resto. De forma subsidiaria, el funcionario solicitaba al menos una cantidad de 5.000 euros mensuales para la atención de gastos y sustento alimenticio y educativo de sus hijas. Pero la jueza únicamente ha concedido a la familia de Diez los 3.482,43 euros que percibía por su trabajo como funcionario del Gobierno de Cantabria (ocupaba el puesto de jefe de servicio de Carreteras).

En el escrito que remitió a la jueza, el letrado del funcionario reprochaba que hubiese adoptado esa decisión «sin dar audiencia a las partes, y, en concreto, a los investigados afectados, trabando la totalidad del patrimonio, bienes muebles e inmuebles, activos, cuentas corrientes... sin que conste cuantificada la responsabilidad civil que pudiera derivar de estos hechos».

El abogado de Diez entendía que todas las medidas se habían acordado «sin posibilidad de ejercitar la defensa, y sin acceso a la información, vulnerando la contradicción». «La medida cautelar debe adoptarse de forma ponderada y proporcional a la tutela judicial que se pretende», añadía.

En este sentido, el letrado del funcionario señalaba que la «única referencia económica» que se incluye en el auto de prisión provisional argumenta que «los fondos obtenidos de manera ilícita por la familia Diez-Del Río ascendería a un total estimado de 1.398.930,16 euros durante el periodo de 2019 a 2022».

Dicho esto, consideraba «inadmisible» mantener el embargo y bloqueo de la totalidad de los bienes, por «manifiesta desproporción y ser absolutamente injustificada desde el punto de vista fáctico y jurídico, más teniendo en cuenta que gran cantidad del patrimonio obtenido por la familia se origina en fechas muy anteriores a los hechos investigados».

Además, el abogado de Miguel Ángel Diez apuntaba que de lo actuado hasta ese momento «será difícil señalar un perjuicio para las arcas públicas, pues en los expedientes de contratación que constan en el auto de prisión, al parecer, no se ha producido adjudicación definitiva».

Tras esgrimir estos argumentos, el letrado manifestaba que la mujer y las hijas del funcionario «carecen de cualquier tipo de disponibilidad económica para hacer frente a los gastos ordinarios, atender los servicios contratados en la vivienda que constituye el domicilio habitual, las necesidades más elementales, incluidos los gastos de alimentación y manutención, gastos de defensa, y, por ejemplo, cuotas de financiación del vehículo particular (un Mini Countryman Cooper, valorado en unos 37.000 euros)».

También hacía mención a la imposibilidad de hacer frente a los gastos de educación de las hijas, que «deberán abandonar sus estudios», y al sustento personal de la esposa de Diez y las dos descendientes, «que desde que se adoptó la medida están sobreviviendo con la ayuda de sus familiares y amigos».

Ante esta situación, solicitó que el embargo se limitase a lo «estrictamente necesario» y que cubriera la responsabilidad civil o que se estableciera una cantidad mensual -de «al menos 5.000 euros»- para que tanto su mujer como sus hijas pudieran atender los gastos fijados, así como que se liberase la retención del vehículo anteriormente citado «por carecer de toda relación con los hechos».

Tanto el fiscal como el Gobierno de Cantabria (acusación pública y particular) se opusieron a la petición y estimaron que lo adecuado era establecer la cantidad de 3.482,43 euros (el sueldo mensual de funcionario de Miguel Ángel Diez), que Beatriz del Río podría extraer mensualmente de una de las numerosas cuentas bloqueadas a la familia. Finalmente, la jueza ha dado el visto bueno a esta propuesta de las acusaciones.