La jueza prorroga seis meses la instrucción del 'Caso Obras Públicas'

En un auto al que ha tenido acceso El Diario Montañés, la instructora señala que se encuentra pendiente el análisis del numeroso material informático intervenido en las entradas y registros efectuadas el pasado 22 de febrero, en domicilios y sedes de las empresas investigadas, del que puede derivar la necesidad de practicar otras diligencias. De ahí que Compostizo considere que no va a ser posible finalizar la instrucción en el plazo de un año, tal y como recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y haya decidido ampliar su investigación hasta el 3 de abril de 2024. Contra este auto cabe recurso de reforma, en el plazo de tres días desde su notificación y de cinco en caso de apelación.

Desde que el caso Obras Públicas saltara a los telediarios de todo el país el pasado 22 de febrero para voltear la política regional, las pesquisas se han centrado principalmente en el análisis de toda la documentación intervenida desde primera hora de la mañana de aquel día y de forma simultánea tanto en la sede de la Consejería, como en las empresas que supuestamente están implicadas en la trama y en los domicilios particulares del funcionario y de alguno de dichos empresarios. Tan numerosa es la documentación que tiene el juzgado que la titular ha visto necesario ampliar el plazo de la investigación.

Es parte de este proceso que se antoja largo y que tuvo uno de sus últimos episodios el pasado día 4 de septiembre con la salida de la cárcel del funcionario Miguel Ángel Diez, principal acusado en este caso de las supuestas adjudicaciones irregulares a determinadas empresas desde la Consejería de Obras Públicas. Diez permanecía entre rejas desde el pasado 24 de febrero y ha logrado salir del penal de El Dueso, en Santoña, después de que la jueza atendiera la última petición de su defensa para su puesta en libertad provisional después de recibir el informe favorable de la Fiscalía. El funcionario, según la decisión de la magistrada, no podrá abandonar el país y deberá presentarse de forma periódica ante el juzgado. La jueza entiende que ya no existe el riesgo de fuga y que la documentación recabada para investigar las presuntas irregularidades ya es suficiente y tampoco hay ya, por tanto, riesgo de destrucción pruebas.

El siguiente paso que podría darse sería el hipotético regreso del funcionario a su puesto de trabajo durante le tiempo que dure el proceso judicial; aunque según afirmó el nuevo consejero del área, Roberto Media es inadmisible «a corto plazo». Pero podría ser una realidad a partir de noviembre si, ese mes, la Justicia resuelve a su favor el recurso que el funcionario interpuso en su momento contra la decisión del Gobierno regional de suspenderle de empleo y sueldo indefinidamente. De acordar el juez que aquella fue una decisión bien tomada, Diez, que actualmente ni trabaja ni cobra un sueldo de la Administración, permanecería apartado de cualquier función pública.