Higuera dice que el consejo de administración decidía las contrataciones en Cantur, no él

El exdirector de Cantur Diego Higuera ha subrayado que las decisiones en cuanto a la adjudicación de contratos en esta sociedad eran adoptadas por el consejo de administración y no por él y ha subrayado que en el caso de los contratos con Conurca relativos al sistema de innivación de Alto Campoo «se cumplieron todos requisitos legales».

«Todos los contratos pasaban por el consejo de administración de Cantur«, ha insistido Diego Higuera durante el juicio que se ha celebrado este lunes en el Juzgado de lo Penal numeró 4 de Santander, en el que el ministerio fiscal ha mantenido su acusación contra el exdirector de Cantur por presunta prevaricación administrativa por fraccionamiento de contratos a favor de Conurca, empresa de Pablo Samano (exgerente del Consorcio de Museos); al que se acusa de ser cooperador necesario del delito y que se ha acogido a su derecho a no responder a los letrados.

Higuera ha hecho hincapié en que no se produjo fraccionamiento de contratos por importe de unos 50.000 euros cada uno para proceder a una adjudicación libre y evitar tener que pedir tres presupuestos como se requiere cuando el importe está entre esta cantidad y un millón de euros, recoge E. Press

En este sentido, ha relatado que los proyectos que se adjudicaron a Conurca, no solo fueron para llevar a cabo actuaciones diferentes dentro del proyecto global de la instalación del sistema de innivación de Alto Campoo, sino que, además, su oferta se barajó junto con el de otras dos empresas, optando por ella atendiendo a criterios económicos «siguiendo las normas de contratación».

«Todo se adjudicó a Conurca por el precio, pero se daban los criterios técnicos necesarios», ha enfatizado Higuera, apuntando que el consejo de administración tomó la decisión de la adjudicación con un informe técnico, por lo que «se valoraron ambos conceptos (económico y técnico)».

Ademas de subrayar que en las reuniones del consejo de administración él «iba de oyente», Higuera ha afirmado que solo conocía a Sámano de «dos o tres reuniones» y de «un viaje a Madrid», pero que ni sabía que ocupaba un cargo en la Administración (gerente del Consorcio de Museos, ni que trabaja para él un hijo del exconsejo de Cultura, Turismo y Deporte Francisco Javier López Marcano.

Sobre el hecho de que haya dos «hojas de pedido» a Conurca para dos proyectos distintos, emitidas el mismo día, lo que para la Fiscalía supone «dos contratos diferentes», Higuera ha afirmado que estas actuaciones ya había sido acordadas previamente por el consejo de administración y la emisión de las hojas no es más que «burocracia» para proceder al pago de los trabajos.

En el juicio han testificados dos peritos que han elaborado sendos informes sobre el expediente de las contrataciones. El primero ha determinado que son «los mismo trabajos y no independientes el uno del otro» y que «su objeto es análogo, los cañones de nieve de Alto Campoo», sin entrar a valorar si se realizaron actuaciones diferentes.

Sin embargo, el perito que ha realizado su informe a petición de Sámano, ha determinado que los trabajos tienen «el mismo objetivo final, pero son absolutamente diferentes». Y ha relatado que se trataba de dos actuaciones para modificar el proyecto inicial de la empresa Semsa, cuya ejecución se había echado atrás atendiendo a un informe de Biodiversidad que impedía la construcción de dos de las balsas de agua que contemplaba esta empresa.

Tanto la Fiscalía como los letrados de la defensa han aludido reiteradamente en sus conclusiones a las connotaciones políticas que se dan en este asunto. Así, la Fiscalía ha comenzado su intervención afirmando que le hubiera gustado que el desarrollo del procedimiento hubiera sido «distinto». «No es baladí que la denuncia se pusiera tras un cambio de gobierno», ha afirmado la fiscal, recordado que los hechos se produjeron bajo un gobierno PRC-PSOE y la denuncia se produjo con el Gobierno de Ignacio Diego (PP).

«Nos hubiera gustado tener más colaboración de Cantur, que ahora tiene idéntico color político al que tenía cuando se produjeron los hechos», ha añadido la fiscal, apuntando que «aún con todas las dificultades, la Fiscalía piensa que hay argumentos suficientes para acusar de un delito de prevaricación».

Sin embargo, el abogado de Higuera ha afirmado que se trata de una «acusación falsa y temeraria», realizada con la «única finalidad atacar a sus rivales políticos». Según este letrado, está acreditado que, «en cuanto entró el nuevo gobierno del PP interpuso una serie de querellas, entre las que ha citado las relativas al Racing de Santander, a los «cuadros desaparecidos», el procedimiento del Soplao, etc y «prácticamente todas ha sido declarado inexistente la comisión del delito».

«Aquí hay una persona que es quien realmente debería estar en la cárcel y debería estar acusado que es Diego, pero no Diego Higuera, sino Ignacio Diego», ha subrayado el abogado de la defensa, para quien el expresidente de Cantabria y expresidente del PP en la región , es «el artífice de todas estas tropelías procesales que han costado tantos disgustos y tanto dinero».

Por ello, ha solicitado que, «una vez se dicte sentencia absolutoria y quede acreditado que se ha producido sustracción de documentación, se deduzca testimonio para averiguar qué ocurrió en este caso».

La Fiscalía ha mantenido su petición de diez años de inhabilitación tanto para Higuera como para Sámano entendiendo que «se hizo fraccionamiento de contratos para evitar un procedimiento más riguroso». Además ha señalado que Sámano «conocía todo lo que se estaba haciendo» por la «relación de confianza» existente al trabajar con él un hijo de Marcano.

Por su parte, las defensas ha pedido la absolución de sus representados y, en el caso del abogado de Higuera, que se condene a la representación al pago de las costas por su «acusación temeraria».

El ministerio público acusa a Higuera de haber realizado, en su condición de director general de Cantur, varios contratos entre 2010 y 2011 con una empresa de la que era administrador y socio Sámano, al que en aquel momento también era gerente del ente público Consorcio para los Museos de Prehistoria, Arqueología y Bellas Artes.

Según el escrito de la Fiscalía, «los contratos celebrados suponían un fraccionamiento consciente y deliberado en la contratación» y su finalidad «no era otra que la de eludir los principios de libre concurrencia y publicidad que deben imperar en la contratación administrativa».

En este sentido, el fiscal explica en su escrito de conclusiones provisionales que ese extremo era «plenamente conocido y asumido por ambos acusados pues, ambos por sus cargos, sabían que por debajo de un determinado importe del servicio contratado se podía acudir a la adjudicación directa».

En concreto, la Fiscalía se refiere, en el marco del Anteproyecto Cañones de Nieve de Alto Campoo, a varios contratos que individualmente no superaban los 60.000 euros y respondían a un mismo objeto de contratación.

Esta causa contra Higuera y Sámano, ambos nombrados por el PRC siendo Javier López Marcano consejero de Cultura, Turismo y Deporte, tiene su origen en la comisión de investigación del Parlamento sobre Cantur, impulsada por el PP al llegar al Gobierno regional en 2011 tras dos legislaturas de coalición PRC-PSOE, y la posterior denuncia de la Fiscalía.