El juicio contra Acayro Sánchez por prevaricación se celebrará el 18 de octubre

El juez que impulsó entre 2007 y 2015 una investigación en el Ayuntamiento de Castro que ha derivado en varios procesos judiciales que se han saldado con un total de 42 condenados, será enjuiciado por un presunto delito continuado de prevaricación judicial a raíz de la querella que presentó hace un año el Colegio de la Abogacía por «dictar resoluciones judiciales apartándose del objeto del procedimiento con otra finalidad en perjuicio del abogado José María Real (también querellante)».

Tanto la Fiscalía como el Colegio de la Abogacía de Cantabria han solicitado para el una pena de 15 años y un día de inhabilitación especial para el ejercicio de la función jurisdiccional, una multa de 12.000 euros y una indemnización de 5.000 euros a abonar al abogado querellante por el daño moral y perjuicio causado. La querella contra Acayro Sánchez se sustentaba en dos asuntos. Por un lado, el Colegio de la Abogacía sostiene que el juez dictó resoluciones con la finalidad de investigar la relación contractual que une a Real con el Ayuntamiento de Castañeda, las retribuciones, facturación y forma de pago de los servicios prestados como abogado al Consistorio, informando sobre ello a la Agencia Tributaria.

Por otro lado, denuncian que el juez dedujese testimonio a la Fiscalía (lo propuso una de las partes) contra Real por la supuesta comisión de un delito de falsedad documental (que después se descartó).

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó el pasado 20 de julio la suspensión provisional de funciones del magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santander, Luis Acayro Sánchez, tras la apertura de juicio oral.

La suspensión se extenderá hasta que recaiga sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento en la causa penal que se sigue contra el magistrado. Se trata de la segunda vez que el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº2 de Santander se sienta en el banquillo de los acusados. En el primer proceso, impulsado por el constructor Jon Loroño hace ya siete años, fue exonerado por el Tribunal Supremo.