La Junta Electoral multa con mil euros a Revilla y Mazón por la denuncia del PSOE

El auto, según confirmaron fuentes judiciales, considera que ambos infringieron el código 50 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Loreg), que recoge que desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones. Asimismo, durante el mismo período queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo.

La Junta Electoral pide a los dos regionalistas que abonen esa cantidad ante este organismo; si no, como marca el protocolo, remitirá al órgano competente del Ministerio de Economía y Hacienda certificación del descubierto para exacción de la multa por la vía del apremio.

La noticia pilló ayer de sorpresa a los regionalistas. Desde el PRC apuntaron el pasado 22 de marzo cuando trascendió la noticia que entendían que «la línea entre lo admitido y lo no admitido es muy difusa» y también que no es una postura «lógica entre miembros de un Gobierno». Además, deslizaron con ironía esa «línea fina» también podría quedar en entredicho en la presentación del proyecto de la bolera de Los Corrales «y a nadie se le ha ocurrido denunciarlo».

Los hechos que denunciaron se remontan al pasado 14 de marzo, cuando Mazón y Revilla visitaron la Cofradía de Pescadores de Comillas y adelantaron los detalles del proyecto de dragado. La institución local nombró al consejero socio de honor, y allí Mazón –Revilla no habló– anunció que el dragado de la dársena del puerto de Comillas comenzaría tras el verano para aumentar en 1,50 metros el calado de la dársena y solucionar los problemas de las embarcaciones durante las bajamares.

Esa presentación es precisamente lo que denuncian desde el PSOE, y ahora la Junta, además de incoar el expediente, concedió a ambos acusados un plazo de diez días para alegar. Además, la denuncia solicitaba que se requiera a la Consejería de Obras Públicas a retirar la publicidad institucional de este acto, con apercibimiento de ser sancionado en caso de incumplimiento.

El propio Mazón consideró tras conocer la denuncia que es «un tema menor», toda vez que los socialistas «tienen actos peores», hasta el punto de que el socio de Gobierno «puede denunciar a sus propios consejeros». El extitular de Obras Públicas consideró un «error» porque en ese evento no intervinieron y «no se hizo campaña», aunque ha admitido que sí se difundió una nota de prensa «probablemente errónea».

Por su parte, el líder del PSOE, Pablo Zuloaga, explicó que la denuncia de su partido al PRC es algo «normal» entre formaciones que «velan», ha dicho, por que estos procesos «se desarrollen con especial pulcritud» y «todos juguemos con las mismas reglas».

Por otro lado, a Junta Electoral Provincial de Cantabria, a denuncia de la formación ACPT, ha ordenado a la Junta Electoral de Zona la apertura de un expediente sancionador para determinar las circunstancias concretas en que se produjo el acto de presentación del PGOU de Torrelavega el pasado 25 de marzo.

En su resolución, la Junta Electoral Provincial señala que la presencia en un acto como el de presentación de un PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) del alcalde, del teniente de alcalde, del concejal de Urbanismo y de otros concejales de la Corporación, «en el que la presencia de ninguno de ellos parece obligada, puede comprometer el principio de igualdad entre los actores electorales, y revelar un empleo no neutral de los medios públicos«.

En un comunicado, ACPT explica que la decisión de la Junta Electoral Provincial revoca una inicial desestimación por la Junta de Zona de su denuncia, en la cual se aseguraba que el acto de presentación del PGOU que organizó el equipo de gobierno PSOE-PRC «respondía a intereses puramente electoralistas».