La Junta de Personal denuncia que se ha excluido a 65 docentes «por error» del concurso de traslados

La Consejería de Educación y FP acude a la cita con voluntad de «estudiar» soluciones que hagan «subsanable» la situación, pero señala que, además de que hay un manual para guiar la cumplimentación de este y otros procesos administrativos, lo ocurrido responde a un fallo «personal» de los docentes al rellenar la solicitud y, «en ningún caso», a un error en el sistema informático. El sistema es el «mismo» de todos los años y, además, al tratarse de un concurso nacional, el responsable del proceso es el Ministerio. En cualquier caso, «lo vamos a estudiar», dice la Consejería.

¿Qué es lo que ha ocurrido? El proceso para optar al concurso para trasladarse a otra comunidad autónoma se abrió en diciembre. La sorpresa para un grupo de docentes llegó cuando, al resolverse provisionalmente la baremación, vieron que quedaban excluidos del concurso porque habían solicitado –«indebidamente», dice la Junta– el «derecho de concurrencia», es decir, habían elegido concursar con una modalidad en la que el visto bueno a su traslado se supedita a que lo pidan conjuntamente con otra persona –es una opción a la que suelen acogerse parejas–. En resumen, los docentes habían marcado en su solicitud la 'casilla' de derecho de concurrencia sin querer acogerse a esta modalidad, y poniéndose a sí mismos como 'acompañantes', resumen la Junta y una de las personas afectadas. Esto les deja fuera del concurso.

Para Trueba se trata de una «situación anómala» que la Junta achaca, en primera instancia, a un «error o defecto en la aplicación informática». La también presidenta de ANPE subraya que en cursos anteriores –al menos desde el 2018-19– no se ha dado ningún caso como los que ahora tienen en vilo a estos docentes. Trueba está convencida de que ellos no querían ejercer el derecho de concurrencia y, si lo han hecho, es por un «defecto de la aplicación». Es decir, han rellenado «erróneamente» la solicitud, pero el sistema tampoco ha alertado del fallo que supone concurrir con uno mismo al proceso. La presidenta de la Junta advierte de las «nefastas consecuencias para la movilidad de estos docentes por un fallo compartido y corregible» por lo que espera que se estimen las reclamaciones y se «atiendan nuestras peticiones».

Raquel Ortiz es una de las profesoras que se encuentra en esta situación. Ella solicitó el traslado a Castilla y León para poder conciliar su vida personal y laboral, para «poder hacer bien mi trabajo». En contacto con otros quince afectados, todos estudian poner una reclamación conjunta ya que, de momento, no tienen respuesta a las que han presentado de forma individual. Tras consultar las posibles causas de su situación, señalan dos: un «error en la plataforma digital» o «un diseño confuso del formulario».

En caso de no poder resolver su caso, quienes queden excluidos del traslado tendrán que esperar dos años para volver a optar al concurso nacional, que se alterna con el de rango autonómico.