La Junta de Personal Docente rechaza las condiciones de vuelta a las aulas el 8 de junio

La Junta de Personal ha criticado la «falta de negociación« en la propuesta de incorporación parcial de algunos niveles a partir del 8 de junio, manteniendo lo ya anunciado el pasado 14 de mayo.

La Junta defiende que, siempre y cuando se garanticen las condiciones de seguridad e higiene y en relación a los niveles propuestos por la Consejería, se deje en manos de cada docente decidir qué alumnos tenían que asistir a las actividades de refuerzo, al ser los que conocen de las necesidades de su alumnado y como responsables de su seguimiento y evaluación.

Sin embargo, según los sindicatos, la consejera, Marina Lombó, se ha postulado porque sean los alumnos quienes decidan si van a clase.

La Junta ha insistido en que las decisiones de refuerzo pedagógico y curricular recaen en el análisis profesional que los docentes hacen de su alumnado, evaluando no sólo su proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también sus necesidades sociofamiliares y psicológicas.

«Entendemos que estas decisiones son puramente profesionales y, por tanto, corresponden exclusivamente a cada docente», ha defendido.

En su opinión, el planteamiento de la Consejería supone la conversión de los centros «en una especie de clases particulares a demanda del consumidor», una concepción que la Junta rechaza «por estar completamente alejada de lo que tiene que ser un servicio público».

La Junta de Personal también ha trasladado a Educación los problemas organizativos que, a su juicio, supone la propuesta de la incorporación voluntaria del alumnado «tal y como la ha decidido la consejera».

Por otra parte, a los sindicatos se les plantean «muchas dudas«, especialmente relativas a las »dificultades« de los centros para compaginar las actividades presenciales con la teleasistencia a todo el alumnado hasta las fechas que el calendario escolar marca como de actividad lectiva.

Otro problema será la brecha que, en su opinión, se va a abrir entre alumnado del ámbito urbano que podrá acudir a los centros y el del ámbito rural «al que no se le asegura transporte».

Frente a estas cuestiones, «la Consejería fue incapaz de dar respuestas concretas más allá de trasladar el problema a la autonomía de cada centro», ha lamentado la Junta.