La Junta de Personal Docente: «Se podía haber creado un entorno mucho más seguro»

Según la Junta (STEC, ANPE, TU, CCOO, UGT y CSIF), la seguridad se incrementaría con la disminución general de las ratios y con más medidas de protección del profesorado, fundamentalmente.

Así, la presidenta de la Junta de Personal Docente, Belén González, ha subrayado que para esta entidad el objetivo prioritario es la vuelta al colegio presencial pero se podría tener «mucha más seguridad» con menos alumnos por aula. En su opinión, los 200 docentes más que se han contratado son «muy poco» para una comunidad en la que un centenar de aulas superan la ratio «más adecuada para el Ministerio», «muchas de ellas» con 25 alumnos, muy alejadas de los «15 que dice Revilla».

Los sindicatos han lamentado que esos 200 docentes solo gastarán la mitad del fondo Covid y han pedido explicaciones sobre el reparto del otro medio.

Según ha precisado Conchi Sánchez (CCOO), la mayoría de las plazas son para tutores de Infantil y Primaria, tienen «condiciones precarias» y contratos que finalizan el 30 de diciembre, mientras que no se ha ampliado la plantilla de profesionales especialistas (inglés, música, etcétera).

En cuanto a las medidas de protección del profesorado, la Junta ha reclamado la realización de pruebas PCR a todos los docentes, pues en Cantabria no se ha hecho ninguna y además llegarían tarde, una vez se han celebrado los claustros de inicio de curso, algunos de los cuales han supuesto reunir a más de un centenar de personas.

Al respecto, la Junta ha criticado la actitud del consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, por no recibirles y le ha pedido que explique por qué se ha negado a realizar las pruebas a los docentes cuando sí se llevarán a cabo en comunidades vecinas como Asturias.

También ha exigido que se dote a todos los profesores de mascarillas FFP2 y pantallas faciales y adaptar el puesto de trabajo de los docentes con patologías previas de riesgo.

Por otra parte, la Junta de Personal ha criticado que la Consejería de Educación ha gestionado «bastante mal» el inicio del curso pues su «preocupación» son los presupuestos y no la salud, y porque su capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos con los sectores educativos es «muy deficiente», a su juicio.

Además, González ha censurado la «escasa iniciativa y excesivo seguidismo» de las directrices del Gobierno central que ha mostrado el departamento de Marina Lombó, «al que constantemente se está remitiendo antes de tomar ninguna decisión».

Por todo ello, la Junta ha emplazado a Educación y al Gobierno de Cantabria a «asumir su responsabilidad». En concreto, ha exigido que la totalidad del fondo Covid se emplee en el sistema educativo público, que haya la mayor seguridad posible en las aulas, que no se resienta la calidad del sistema y que haya medidas de compensación para que ningún alumno se quede atrás por la pandemia.

A preguntas de la prensa sobre el inicio del curso escolar, Rus Trueba (ANPE) ha denunciado que «todo está siendo improvisado». «Todas las medidas llegan tarde: hay centros a los que Inspección no ha respondido a su plan de contingencia; ayer se modificó el protocolo de actuación ante la crisis sanitaria... En julio y agosto se tenía que haber preparado una vuelta segura pero no se ha producido«, ha afirmado Trueba, para quien ante una crisis mundial como la actual, »se debería haber previsto todo con más antelación«.

En este sentido, Sánchez ha denunciado la «incertidumbre» del inicio del curso, a base de «ensayo-error», incluso con el protocolo de cuarentena. «No sabemos cómo va a ser, cada centro lo está haciendo a su manera», ha indicado.

Como ejemplo, ha dicho que si bien en el protocolo se establece que cuando tres niños tengan virus se considera un brote en el aula y se cierra, «no está nada claro cómo llevarlo a cabo». Por eso demandan al consejero de Sanidad una mayor coordinación entre centros y su departamento.

A la cuestión de si se debería haber retrasado al inicio del curso como en otras comunidades como Asturias o Murcia, los sindicatos han subrayado que la cuestión es conseguir una «mayor seguridad» para la comunidad educativa. «Lo que queremos es más seguridad y una enseñanza presencial; si para eso hay que cerrar los centros 15 días...«.

Al hilo, Sánchez ha remarcado que si al final hay que retrasar el inicio del curso -previsto para el día 7 en Infantil y Primaria- para hacer PCR, la responsabilidad será «exclusivamente» de las administraciones (Ministerio, consejerías y ayuntamientos por los servicios de limpieza), por lo que les ha emplazado a «dejar el partidismo».

En el supuesto de que haya que volver a la enseñanza no presencial, desde la Junta se ha advertido de un entorno «bastante parecido» al del pasado marzo sobre todo por la «falta de medios digitales». «En los claustros se ha trabajado algo pero no hay una acción definida ni coordinada; vamos tarde», ha asegurado Sánchez.

Al respecto ha precisado que no será por los profesores porque, desde hoy, tienen dos semanas para organizarse y recibirán formación digital. «Estamos un poco mejor que en marzo», ha matizado, si bien ha lamentado que en esta cuestión «no se ha invertido todo lo que se debería».

Con todo, ha censurado que «no hay pilares pedagógicos ni un documento marco liderado por el Ministerio de Educación» para afrontar la enseñanza no presencial, un trabajo que en su opinión debería haberse hecho en julio, de modo que ahora «toda la base pedagógica recae sobre el docente», sin un documento marco.

González ha hecho hincapié en que, en el caso de que la enseñanza no pudiera ser presencial, «la intención es dar clase», por lo que ha pedido a la Consejería que organice el teletrabajo.

Como medidas concretas de cara al nuevo curso, en el que sí se avanzarán contenidos a diferencia del pasado tercer trimestre, los representantes de los docentes han avanzado que algunos institutos están preparando un sistema de streaming para impartir clases y que la Consejería está mejorando la plataforma Yedra.