La Junta de Personal Docente exige «un giro radical» en la política educativa de Cantabria, incluido el cese de la consejera Lombó

De no encontrar respuesta a sus demandas, han anunciado poner en marcha «una serie de movilizaciones y otras protestas», según ha adelantado la presidenta de la Junta, Belén González, que no ha llegado a detallar, sin embargo, la naturaleza de estos actos. González (STEC) compareció ante los medios de comunicación arropada por los portavoces del resto de sindicatos.

Para la Junta, representante del profesorado de la enseñanza pública de Cantabria, la pandemia «ha servido como excusa» a la consejera para «no contar en absoluto» con ellos. «Desde marzo, todas las decisiones importantes se han tomado al margen de las organizaciones sindicales y casi siempre en contra de nuestra voluntad. Ni una sola de nuestras propuestas han sido tenidas en cuenta. Especialmente preocupante, dentro de este panorama, es todo lo relativo a la pandemia que debería haberse gestionado con diálogo y participación en la toma de decisiones. La consejera ha hecho justo lo contrario: ha sustituido el diálogo por el 'ordeno y mando' o la imposición», censuran desde el colectivo.

Unas críticas que han trasladado al inicio de este curso, cuando ha ocurrido «más de lo mismo». La Junta explica que planteó, «también sin éxito», que todo el profesorado estuviese nombrado el 1 de septiembre, o, en el peor de los casos, antes del comienzo de la actividad lectiva. Así, lamentan que, en el caso de Secundaria, el alumnado regresó a los institutos el pasado jueves, día 10, y la cobertura de las sustituciones (más de 200) «se retrasó sin ninguna justificación», de tal manera que todo este personal interino sustituto «no se ha incorporado a los centros hasta este lunes».

Especial atención han dedicado las organizaciones sindicales al confinamiento de Santoña, cuestión que «se ha gestionado de manera absolutamente impresentable por la Consejería». Dicen que la actuación de Lombó en este asunto, «empecinándose en abrir los centros educativos en contra de la opinión del profesorado, equipos directivos, familias, ayuntamiento, etc, originó un conflicto absurdo e innecesario con toda la comunidad educativa, cuyo resultado ha sido la desobediencia de las familias no enviando a sus hijos a clase».

Critica igualmente la Junta de Personal que se están incumpliendo algunas de las recomendaciones en materia de prevención, higiene y promoción de la salud dictadas por los ministerios de Sanidad y Educación, como es que la ratio de alumnado en Infantil y Primaria no sobrepase los veinte escolares y que en los institutos se respete una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros entre estudiantes.

Para cumplir estos requisitos, exigen que «se invierta en la enseñanza pública todo el fondo Covid» que el Gobierno central ha creado a tal efecto y que en el caso de Cantabria supone 22,1 millones de euros. Y solicitan que se garantice que todas las plazas, creadas o que se vayan a crear, con este fondo, funcionarán hasta el final del curso.

Entre otras cuestiones más, la Junta de Personal quiere además que, con carácter general, «se mejoren las condiciones de seguridad con las que trabaja el profesorado», se proteja «de manera especial» a aquel profesorado que por su situación o por padecer patologías previas sea especialmente vulnerable al coronavirus; y recibir «un reporte diario» del número de casos positivos entre el profesorado para que pueda hacer un seguimiento periódico de las incidencias que van teniendo lugar en los centros.

Entienden los sindicatos que todas estas demandas «suponen un cambio muy importante» en la política educativa de Cantabria, «un giro radical que tiene que empezar por la salida de Lombó», pero que también debe suponer, por un lado, que la Consejería de Sanidad «haga honor a sus funciones y se ocupe de la salud de la comunidad educativa», ya que «varias de las medidas establecidas son insuficientes»; y por otro, que Revilla «asuma su responsabilidad de coordinación entre las consejerías de Educación y Sanidad».

Por último, la Junta de Personal ha comunicado que se ha dirigido a todos los centros educativos públicos de Cantabria para que, mediante un escrito, «se posicionen los claustros y se puedan visibilizar sus preocupaciones y demandas». Una medida que, anuncian, es «el primer paso de una serie de movilizaciones y actos de protesta» si no se atienden sus peticiones.