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Existe cierta asociación mental entre la Administración de Justicia y las montañas de papel. La ciudadanía está acostumbrada a recopilar documentación para poder realizar cualquier trámite y los profesionales del sector son expertos en gestionar multitud de información impresa en su día a día. Pero si algo nos enseñó la pandemia es que es imprescindible «acelerar la informatización, deslocalización del puesto de trabajo e inmediación digital», asegura Jaime Anta, juez decano de Santander. No sólo porque pueden darse circunstancias en que la presencialidad sea compleja, sino porque «es evidente que supone una ganancia de tiempo, un ahorro de costes innecesarios y una mejora en la respuesta a la ciudadanía».
En este contexto surge el Plan Estratégico Justicia 2030, un paso hacia delante sin precedentes en la modernización del sistema de Administración de Justicia para que esta sea «más accesible, eficiente y sostenible».
Esta iniciativa está impulsada desde el Ministerio de Justicia en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -la estrategia nacional para canalizar los fondos NextGenerationEU. Se trata de un proyecto nacional fragmentado en diversas líneas de trabajo abiertas a todas las comunidades autónomas y para cuyo desarrollo disponen de financiación europea.
En el caso de Cantabria y bajo la gestión de la Consejería de Presidencia y Justicia, la región está inmersa en la ejecución de siete grandes proyectos orientados a implantar nuevas infraestructuras digitales, mejorar la interoperabilidad o aplicar Big Data. Cuenta para su desarrollo con un presupuesto de 6.954.273€.
Entre ellos, Anta destaca «la modernizadión del sistema de grabación de las salas de vistas, que pasará a un servidor general accesible desde el entorno judicial y que será el paso previo a una mejora más relevante, conseguir que esas grabaciones se integren en el sistema de gestión procesal Vereda». En estrecha relación con lo anterior, también es reseñable, continúa el magistrado, el sistema de textualización que se prevé implantar en las grabaciones de las vistas, que «facilitará el contenido del juicio al operador sin tener que visionar todo lo grabado».
La interoperativad es otra de las piezas clave en este proceso de modernización, ya que hacer posible la conexión documental para todo el ecosistema «es imprescindible para administrar justicia con igualdad, dejando en el pasado desafortunadas disfunciones».
Otro de los pasos naturales que conlleva esta digitalización documental es el uso de todos esos datos para explotar la información a nivel estadístico y de gestión, algo que requiere una sistematización y homogenización de procesos a escala nacional.
Independientemente de los desarrollos que se van materializando y que ya tienen un impacto real en la ciudadanía y las empresas, el proceso se completará en 2025, cuando ya podremos hablar de una Administración de Justicia renovada y digitalizada.
Infraestructuras digitales
A través de varios contratos se realizará una inversión en material informático para mejorar el proceso de informatización, deslocalización del puesto de trabajo e inmediación digital.
Interoperabilidad
El objetivo de esta línea de trabajo es construir un modelo en el que los Sistemas de Gestión Procesal sean completamente interoperables con todo el ecosistema digital de Justicia.
Justitica orientada y basada en datos
Este proyecto apuesta por canalizar y poner en común toda la información estadística judicial y posteriormente de otros datos, para la explotación de la información.
Carpeta Justicia
Se va a ejecutar un proyecto de integración con la Carpeta Justicia del Ministerio de Justicia para centralizar la experiencia de usuarios profesionales en la recogida de notificaciones y envío de escritos.
Textualización
Está previsto implantar un sistema de textualización de las grabaciones de vistas, el cual facilitará, en formato escrito, una copia del contenido de la grabación de una vista de forma automatizada.
Registro Civil
En Cantabria, solo las cabezas de partido judicial disponen de un registro civil digitalizado con la aplicación Inforeg. Este proyecto tiene por objeto digitalizar los documentos de los 94 municipios restantes.
Programa: Plan Estratégico Justicia 2030.
Dotación: 6.954.273 euros.
Órgano gestor: Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior.
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