La Justicia cántabra acumula 40.260 casos y está señalando juicios para mayo de 2026

Según recoge el último Informe sobre la situación de los órganos judiciales que trimestralmente elabora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en Cantabria había 40.260 asuntos en trámite a 30 de junio, lo que supone un 12,4% respecto al año anterior. Aun así, la tasa de pendencia –que pone en relación los asuntos que permanecen en trámite al final del periodo con los que salieron del juzgado–, sigue estando en la región por debajo de la media: 1,67 frente a 2,13. Una situación similar a la de la tasa de congestión (los asuntos que estaban en el juzgado al comienzo del año y los nuevos que entraron en el periodo), que en Cantabria se sitúa en 2,69, frente a una media nacional de 3,13.

«El retraso es un problema que afecta a toda España. De hecho los representantes de todas las asociaciones judiciales están trasladando a la presidenta del Supremo la necesidad de resolver esta situación de desproporción entre la demanda del servicio de justicia y la respuesta que damos porque tenemos menos órganos judiciales de los que se necesitan», apunta el presidente del TSJC, José Luis López del Moral.

Aunque «no consuela», según señala, «la pendencia se mantiene en Cantabria, aunque ha subido, en una media inferior al resto del España». Y eso, teniendo en cuenta «el impacto generado por las dos huelgas», ya que la situación generada por el covid «creo que la hemos reabsorbido».

A pesar de esta circunstancia, López del Moral destaca la respuesta que están dando los juzgados y tribunales cántabros en el último año puesto que durante el segundo trimestre ingresaron un total de 23.367 nuevos asuntos y dieron salida a otros 24.056, lo que suponen incrementos del 31,2 y del 40%, respectivamente. Eso supone que la comunidad cántabra tiene un tasa de resolución de 1,03, la segunda más elevada a nivel nacional tras Asturias (1,04).

En cambio, la decana de los Procuradores cántabros, Rosaura Diez, cree que el problema de pendencia en la región no tiene que ver con que se registren más casos sino con la «organización» de la Justicia cántabra, además de los citados efectos del covid y las huelgas. «Se observa descoordinación en los juzgados entre los funcionarios y los letrados de la Administración de Justicia. Muchas veces, más que la ausencia de medios materiales, lo que influye es el factor humano. De hecho, se ha intentado desahogar Santander con el Juzgado Nº13 (que ha estado unos meses sin juez y ahora tiene un sustituto a la espera de que llegue el fijo) y no parece que ello haya contribuido a descongestionar».

La decana de los Procuradores ha observado dentro de la jurisdicción civil una «gran pendencia» en las ejecuciones de sentencia, que es el gran escollo». «Entendemos que es ahí donde el procurador, como colaborador de la administración de Justicia, serviría de gran ayuda a los letrados judiciales para descongestionar ese gravísimo problema».

Aunque durante años la jurisdicción civil fue la que más carga de trabajo acumuló en la región como consecuencia de las cláusulas suelo, ahora es la jurisdicción social la que ha tomado ese negativo testigo. Tanto es así que los juzgados de lo social cántabros son los terceros de España que más demandas reciben en relación a la población.

El titular del Juzgado de lo Social Nº6 de Santander, Óscar Ferrer, reconoce que, aunque están resolviendo «más que otros años», «siguen entrando más asuntos de los que podemos resolver». «No podemos reducir la pendencia y va a más. La situación, lejos de solucionarse, se está agravando», apunta.

Tal es la situación de retraso de esta jurisdicción que, en su caso, este juez está señalando juicios para «mayo de 2026» en los casos normales (incapacidades permanentes, reclamaciones de cantidades, prestación por desempleo); mientras que los urgentes (despidos o modificaciones sustanciales de trabajo) se señalan para «seis o siete meses».

¿Por qué la ciudadanía presenta más demandas laborales? «Lo que veo es mucha inseguridad jurídica porque ha habido sentencias dictadas en Europa y el legislador no ha dado una solución expresa. Eso genera una incertidumbre y la ciudadanía acude a los tribunales para que respondan a sus cuestiones», apunta el magistrado.

Lo que está detectando el titular del Juzgado de lo Social Nº6 de Santander es que se están presentando muchas demandas relativas a complementos de maternidad, brecha de género, despidos... porque no se han hecho los ajustes razonables en casos de incapacidad permanente, los indefinidos no fijos... «Todos estos temas dan lugar a una reinterpretación de todas las sentencias que se dictan en Europa».

Ante esta situación, las soluciones que plantea este juez son aumentar las plantillas judiciales, la creación de los tribunales de primera instancia («en lo que se está trabajando») «y luego está la alternativa de la mediación o conciliación». Aunque ya hay una jueza de refuerzo en la jurisdicción social, Ferrer recuerda la necesidad de un nuevo juzgado de lo social, demanda que ya ha planteado el presidente del TSJC a través de su memoria judicial. «Sin ese juzgado va a ser muy difícil que resolvamos la litigiosidad, salvo que el legislador imponga costas en el procedimiento laboral. El problema en lo social es la falta de jueces, no de funcionarios o letrados judiciales, que lo tienen todo al día. No tenemos capacidad para dictar tantas sentencias».

Más allá del problema de los juzgados de lo social, el decano de la Abogacía de Cantabria, Andrés de Diego, señala también a la falta de efectivos en la Audiencia Provincial. «Hay alguna sección con mucho atasco», afirma, al tiempo que coincide en que «seguimos sufriendo las consecuencias del covid y de las huelgas».