La Justicia cántabra, «muy preocupada» porque 358 mujeres no declararon contra sus agresores

Este dato se enmarca dentro las 2.492 denuncias por violencia de género que se presentaron el pasado año, lo que representa un incremento del 12,4% respecto a 2022 (2.218) y supone casi siete denuncias al día. Entre todas esas denuncias figuran como víctimas 2.327 mujeres, un 11,5% más que en el pasado año (2.087). 

López del Moral ahondó ayer en esta problemática durante la presentación de la Memoria Judicial de 2023, documento que hace balance de la situación de la Justicia en nuestra región y al tiempo detalla las necesidades que tienen nuestros juzgados y tribunales.

La Memoria, elaborada con los informes de jueces y magistrados que ejercen en Cantabria y aprobada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, reclama la creación de un nuevo juzgado laboral, el que sería el Juzgado de lo Social Nº7 de Santander, dada la elevada litigiosidad que registran los actuales juzgados, de las más elevadas de toda España.

También se solicita un nuevo juzgado para San Vicente de la Barquera, que solo cuenta con un órgano judicial que atiende a un territorio de gran extensión, así como un tercer juzgado para Santoña. En ambos casos se piden nuevos juzgados debido al elevado número de asuntos que registran los órganos judiciales de estos partidos judiciales. Las necesidades de planta se completan con la petición de dos nuevas plazas de magistrado en la Audiencia Provincial: una para las secciones civiles y otra para las penales.

El informe también recoge las reclamaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que carece de sede propia, cuenta con salas de consulta «reducidas» y las de autopsia en el Hospital Valdecilla «no reúnen los requisitos legales» para estas instalaciones.

López del Moral incidió en los problemas derivados de las dos huelgas que protagonizaron en 2023 los letrados judiciales y los funcionarios. Consecuencia del primer conflicto, se suspendieron la práctica totalidad de actuaciones procesales en las que resultaba preceptiva la presencia o intervención de letrado o letrada de la Administración de Justicia, de modo que el ingreso y la resolución en los órganos judiciales de Cantabria disminuyó un 15,5% y un 10,9%, respectivamente.

Además, tras el conflicto laboral de los funcionarios solo en el Decanato de los Juzgados de Santander estaban pendientes de reparto a los órganos judiciales 3.466 demandas telemáticas, 78 demandas y 259 escritos en soporte papel, además de 86 asuntos correspondientes a los Juzgados de Instrucción.

En este sentido, para afrontar esta situación no se ha dispuesto de otros medios materiales y personales que los existentes con anterioridad al inicio de los conflictos, si bien algunas unidades como el Decanato de Santander o el Servicio Común dependiente de dicha unidad ha sido reforzado con personal de apoyo designado por el Gobierno regional. «Si estos datos son malos, peores fueron los de la violencia sobre la mujer, ya que se produjo un incremento de denuncias del casi el 12,5%, es decir, tres puntos más que la media nacional», resaltó el presidente del TSJC.

Esas 358 mujeres que decidieron no declarar contra sus supuestos agresores el pasado año son más que las que se acogieron a la dispensa en 2022 (228), concretamente un 57% más. Además, en el Juzgado de lo Penal Número 5 de Santander, especializado en enjuiciar delitos menos graves de violencia machista, otras veinte mujeres decidieron no declarar al ser llamadas a juicio, once menos que un año antes.

Por otro lado, los jueces y juezas de violencia sobre la mujer de Cantabria acordaron durante el periodo analizado 314 órdenes de protección de las 485 que les fueron solicitadas, es decir, el 65% de las pedidas. A nivel nacional, el porcentaje de órdenes de protección adoptadas respecto a las incoadas fue del 69%. Y los titulares de los juzgados de instrucción en funciones de guardia –que atienden casos de violencia de género por las tardes y fines de semana, cuando los juzgados especializados no tienen audiencia– acordaron 94 órdenes de protección de las 130 solicitadas, el 72,3%.

Por lo que se refiere al enjuiciamiento, a lo largo del pasado año fueron juzgadas en Cantabria un total de 649 personas por violencia de género, de las que 530 (528 hombres y 2 mujeres) obtuvieron sentencia condenatoria (el 81,66%). En cuanto a la tipología delictiva de la que conocen los órganos especializados, de los 2.650 asuntos penales registrados, 885 apenas requirieron instrucción y se llevaron por juicio rápido, 94 fueron delitos leves, ingresaron dos sumarios y dos jurados. El resto de los asuntos se llevaron por diligencias previas o procedimiento abreviado –los procedimientos de instrucción más habituales–. Si se analizan los tipos delictivos en los que se encuadran las denuncias presentadas, consolidando la tendencia de años anteriores observamos que la mayoría (1.002) responden a acciones tipificadas en el artículo 153 del Código Penal, esto es, el delito que castiga una conducta que no da lugar a lesión o sólo requiere una primera asistencia médica, cuya condena oscila entre los seis meses y el año de prisión. Otros 300 delitos correspondieron al tipo del artículo 173, que condena aquella actitud persistente que genera una sensación de temor en el entorno familiar. Este delito está penado con una condena de entre seis meses y tres años de cárcel. Además, en 21 ocasiones se tramitó procedimiento que responde a lesiones del artículo 148 y siguientes del Código Penal, preceptos que se refieren a padecimientos cuya curación requiere una primera asistencia facultativa y de un tratamiento médico posterior, y cuya pena va de los seis meses a los cinco años de cárcel. También se iniciaron 590 asuntos por quebrantamiento de pena, 270 por quebrantamiento de medidas cautelares, 229 por delito contra la libertad, 121 por delito contra la integridad moral, 19 contra la libertad e indemnidad sexual, 14 contra la intimidad y la propia imagen, 3 contra el honor y 2 contra los derechos familiares. De los procedimientos incoados por delitos leves, 106 lo fueron por injurias y 30 por vejaciones injustas.

Pacto por la Justicia

A preguntas de este periódico, el presidente del TSJC se pronunció sobre la reciente aprobación del Pacto de la Justicia y aseguró que «no existe un cronograma definido», pero que desde el Gobierno regional ya están trabajando en algunas de las actuaciones recogidas en el acuerdo suscrito hace diez días.