«No es bueno legislar en caliente»

Cada una desde un ángulo distinto del mundo del Derecho, pero las tres seguras de que el clamor social provocó una reflexión sobre cómo trata el Código Penal español los delitos sexuales contra las mujeres. La presión de la calle «ha sido determinante» y «hay que escuchar a la ciudadanía porque la Justicia debe dar respuesta a las demandas sociales», dicen.

Tres reputadas profesionales estrechamente vinculadas a Cantabria están aportando ya su saber a este debate. Pilar Martín Nájera contribuirá con la perspectiva de género y las directrices marcadas por los convenios internacionales. Victoria Ortega Benito hablará desde el punto de vista de los abogados, grandes conocedores del funcionamiento de la Justicia, en tanto que Carmen Sánchez Morán pondrá sobre la mesa su visión como experta penalista desde la práctica y desde lo teórico.

Las tres forman parte de la Sección Penal de la Comisión de Codificación que asesorará al Gobierno sobre si hay necesidad de cambios, un foro en el que están puestos millones de ojos de toda España porque nació envuelto en una doble polémica. Primero, porque se convocó en pleno fragor de los movimientos feministas que rechazaron la sentencia sobre los integrantes de 'la manada' (el grupo de varones acusado de la violación de una joven en los sanfermines de 2016).

En segundo lugar, por la escandalera que se montó al hacerse público que en este foro no había ni una sola mujer. Tras un primer intento de invitar coyunturalmente a cinco expertas (tentativa que levantó aún más ampollas, por lo reducido del número y por el hecho de que su participación se planteara como temporal), finalmente el Ministerio de Justicia convocó una comisión en la que hay más juristas con nombre femenino que masculino: se incorporaron 12 nuevas vocales permanentes. El organismo cuenta desde ahora con 15 mujeres y 13 hombres.

De las tres cántabras, dos no lo son en sentido estricto. Pilar Martín Nájera y Victoria Ortega son nacidas en Palencia, aunque desarrollaron una gran parte de sus carreras en Santander. La primera ejerció como fiscal en la capital cántabra desde sus inicios y, en ella llegó a ser la primera mujer que ejerció como fiscal jefe en un Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de toda España. En 2008 fue nombrada Fiscal del Tribunal Supremo (sala de lo Penal) hasta que fue promovida a Fiscal delegada de la Fiscalía General del Estado contra la violencia sobre la mujer. Desde este puesto, marca la unidad de actuación entre todas las fiscalías especializadas en materia de violencia machista.

Ortega también es cántabra por trayectoria y también lleva desde hace tiempo la etiqueta de 'primera mujer'. En su caso porque se convirtió en la primera decana –con a– del Colegio de Abogados de Cantabria (actuó como tal durante ocho años). Hace dos que fue elegida (de nuevo 'primera mujer') al frente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), cargo desde el que da voz a los abogados españoles colegiados en 83 instituciones. Participa en la comisión recién formada por su condición de vocal nata de la Comisión General de Codificación.

Carmen Sánchez Morán, por su lado, ha sido designada miembro permanente y vitalicio de la Sección Penal de este foro tras 40 años de ejercicio en esta rama del Derecho y tras haber sido profesora durante décadas tanto en la Universidad de Cantabria (donde imparte esta asignatura) como en la Escuela de Práctica Jurídica desde su fundación.

Las tres han accedido a la comisión convencidas de que la Justicia debe escuchar a la ciudadanía. Martín Nájera considera «determinante la reacción social» al fallo judicial para que la Comisión se constituyera en estos términos.

Ortega Benito cree que hay que prestar atención a la calle «porque la Justicia debe dar respuestas a las demandas sociales», si bien matiza que «nunca se debe perder de vista que en un Estado de Derecho como el nuestro, muy garantista, prevalece la Justicia, no la venganza».

Para la presidenta de la Abogacía Española, «no es bueno legislar en caliente», pero al tiempo le parece evidente que, en lo relativo a los delitos sexuales contra las mujeres «debe revisarse y clarificarse la redacción del Código Penal para que se adapte a la realidad social de las mujeres y a las normas internacionales. La situación de la mujer y la sensibilidad social respecto a su libertad ha cambiado desde la última reforma del Código Penal».

También Sánchez Morán estima que «el clamor social» es lo que ha llevado al Ministerio de Justicia «a reflexionar sobre la necesidad de que la regulación legal de los delitos sexuales debe resultar comprensible para la sociedad en su conjunto». Pero advierte: «La sociedad debe saber que una cosa es la regulación legal y otra distinta su aplicación por los tribunales».

Las profesionales empezaron este trabajo el pasado jueves día 24 y ven con buenos ojos que la comisión haya quedado integrado casi al 50% por hombres y mujeres. Una presencia femenina equilibrada era «obligada», coinciden Martín Nájera y Sánchez Morán.

La fiscal alude a la Ley de Igualdad de 2007, que exige a los poderes públicos que velen «por la paridad en todos los organismos y en la toma de decisiones», algo que todavía está más claro «cuando la materia afecta de forma especial a las mujeres».

La abogada señala que «ya no se puede prescindir de las mujeres en ningún foro de opinión y decisión» y en éste, «inexplicablemente» no había ninguna. Este extremo también es cuestionado por Victoria Ortega, que apunta que «lo justo» era que fuera «paritaria y plural porque la presencia de mujeres debe normalizarse, no limitarse a un momento concreto o una temática determinada. Debemos intervenir en la misma medida que los varones, ya sea un grupo de estudio, una jornada de formación o una tertulia televisiva».

Sánchez Morán opina que el número de integrantes de la Comisión (28) no será un obstáculo para que el órgano sea efectivo debido a que, como operativa de trabajo se ha formado una subcomisión que redactará una propuesta inicial que se someterá a debate conjunto.

También Ortega Benito cree que el número de representantes es «adecuado para que haya una representación plural». No está tan segura Martín Nájera, que valora que la Comisión «es demasiado numerosa, lo que puede ir en detrimento de su efectividad».

Fiscal en Santander desde 1982 y fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria durante ocho años. En 2008 fue nombrada Fiscal del Tribunal Supremo y, en 2015, fiscal contra la violencia sobre las mujeres.

Abogada desde 1981, fue la primera decana (con a) del Colegio de Abogados de Cantabria entre 2000 y 2008. Desde 2016 es la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.

Sánchez Morán cumple este año 40 de ejercicio y ha intervenido en más de 2.000 casos penales. Este campo ha sido vital en su trayectoria, ya que también ha sido profesora de Derecho Penal en la Universidad de Cantabria y en la Escuela de Práctica Jurídica desde hace 30 años.